on el voto mayoritario de las bancadas del PRI, el PAN y el Partido Verde, los congresos de Chiapas, Querétaro, Veracruz, estado de México, Hidalgo y Durango aprobaron ayer la reforma constitucional en materia energética avalada poco tiempo antes en las cámaras de Diputados y Senadores.
La premura que se observó durante las votaciones de ayer hace suponer que el periplo de la referida modificación legal en los congresos estatales, la mayoría de los cuales está controlada por priístas y panistas, estará caracterizado por la ausencia de discusión y de debate reales, con votaciones vía fast track y por avales legislativos producto de la consigna y profundamente antidemocráticos.
Lo anterior se suma a la forma turbia y desaseada en que la reforma mencionada obtuvo luz verde en el Senado de la República: cabe recordar la introducción de cambios de última hora al dictamen aprobado por el pleno –que distó mucho del que fue discutido y votado en comisiones–, mediante un acuerdo de dudoso apego a la normatividad interna de esa instancia legislativa. Por su parte, los integrantes de la Cámara de Diputados se saltaron incluso la discusión de la minuta respectiva en comisiones y votaron la reforma energética a pocas horas de haber sido recibida. El desarreglo y manoseo de estos procesos legislativos es tan evidente que hasta fue criticado ayer por el ex aspirante presidencial Diego Fernández de Cevallos, personaje sobre quien no cabría sospechar la más mínima animadversión a la privatización energética.
Semejante conducta por parte de legisladores federales y locales es sumamente preocupante, no sólo porque refleja una mala conciencia de su parte ante los previsibles efectos negativos de la mencionada reforma –circunstancia que da sentido a la frase de que en política la forma es fondo
–, sino también porque hace suponer que, más que a agendas programáticas y partidistas, la prisa por consumar su aprobación y entrada en vigor obedece a presiones de poderes fácticos del ámbito nacional e internacional –desde gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos, hasta trasnacionales del ramo energético–, deseosos de que se concreten las oportunidades de negocio que abre la referida modificación constitucional.
Ante tal comportamiento de los poderes institucionales, cabe dudar de las afirmaciones formuladas por los defensores de la reforma de que ésta tiene como propósito el desarrollo de la nación y que en su aplicación se antepondrá siempre el beneficio nacional al de los capitales privados.
Si los representantes populares han actuado en forma desaseada y opaca durante la discusión y aprobación de una reforma tan trascendental como la comentada, es previsible que su eventual reglamentación y puesta en marcha estarán caracterizadas por una claudicación de las autoridades del país ante las ambiciones corporativas de control de los recursos energéticos. En tal circunstancia, queda claro que el contrapeso para la consumación de ese escenario, que representaría una claudicación nacional de suma gravedad, difícilmente podrá surgir dentro de la institucionalidad política del país y que deberá gestarse, en cambio, en la esfera de la sociedad organizada.
