San Cristóbal de las Casas, Chis., 10 de diciembre.

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) declaró al Estado mexicano culpable de provocar enfrentamientos intercomunitarios para romper el tejido social, contener y controlar a la organización de resistencia en las montañas de Chiapas durante los 20 años recientes, mediante los cuerpos de seguridad pública municipales y estatales, y el Ejército federal, que en la zona norte dieron cobertura, seguridad, apoyo económico a las fuerzas paramilitares del grupo Desarrollo, Paz y Justicia.

Además de propiciar violencia y actos criminales, el Estado no ha cumplido su responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia, sostuvo el TPP al presentar el dictamen de la preaudiencia que realizó este fin de semana en Susuclumil, comunidad chol en Tila.

De acuerdo con los testimonios, también existen elementos para responsabilizar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por colaborar con las estructuras de procuración de justicia para ocultar las violaciones a los derechos humanos, así como los organismos estatales y nacionales de derechos humanos por su omisión de investigar los hechos. Las pruebas y elementos que acreditan las violaciones configuran crímenes de lesa humanidad en la política genocida perpetrada contra los pueblos choles, tzotziles y tzeltales, mediante acciones que continúan hasta hoy.

La preaudiencia fue convocada por medio centenar de organizaciones y tres grandes redes nacionales. Su sede, Susuclumil, fue escenario de injusticias, muerte y persecución. Acudieron testigos, sobrevivientes y familiares de comunidades de la zona norte, así como integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, también víctimas de la estrategia de guerra contrainsurgente y exterminio contempladas en el Plan de Campaña Chiapas 94 y aplicada por el gobierno mexicano a partir del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, que trajo como resultado decenas de desapariciones forzadas, asesinatos, desplazamientos forzados, violencia sexual y masacres; todos crímenes que siguen en la impunidad.

En la audiencia “se vertieron testimonios sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la segunda mitad de los años 90 en la zona baja de Tila”, así como desapariciones y el desplazamiento de las comunidades Chuctiejá, Miguel Alemán, Jolnixtié, Masojá Shuchá, El Limar y Masojá Grande, una muestra del horror acontecido en contra de la población simpatizante al EZLN en acciones de Paz y Justicia.

También se presentaron testimonios de los hechos previos a la masacre de Acteal y la violencia generalizada que se vivía hacia 1997 en los Altos, con asesinatos y desplazamientos causados por paramilitares también del PRI, en colaboración con la policía municipal y estatal. Hoy la búsqueda de justicia por las comunidades de Chenalhó ha topado con la liberación de 51 paramilitares encarcelados, “premiados con tierras, proyectos sociales, resarcimiento de ‘daños’, y la continuación de la guerra integral”.

Otro testimonio fue sobre la masacre de Viejo Velasco el 13 de noviembre de 2006, durante el ataque de la policía estatal, la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos y habitantes de Nueva Palestina, en Ocosingo, con la finalidad de desplazar y exterminar a los pobladores. La impunidad continúa, así como la criminalización de las familias desplazadas.