n las comisiones de Derechos Humanos y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron ayer, sin debate y con artimañas impresentables, un dictamen de Ley de Manifestaciones Públicas del Distrito Federal que vulnera gravemente las libertades y derechos ciudadanos establecidos en la Constitución, particularmente los de reunión, expresión y libre tránsito, y se contrapone con ordenamientos legales ya vigentes en la capital de la República.
El documento, elaborado por el panista Jorge Sotomayor Chávez, pretende constreñir la realización de manifestaciones a vías secundarias y limitar su horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde, condicionarlas a una autorización previa del Gobierno del Distrito Federal y prohibir que se realicen marchas para exigir la modificación de decisiones gubernamentales, sean locales o federales.
Semejante despropósito jurídico ha sido promovido, con intenciones claramente electoreras de su autor panista, en aprovechamiento de la anomalía jurídica que impone al Distrito Federal una tutela anacrónica e injustificable por parte del Ejecutivo y el Legislativo federales, y deja al descubierto dos asuntos centrales.
El primero es la mentalidad autoritaria y represiva que impregna a los representantes de los tres partidos mencionados y que en tiempos recientes ha tenido un preocupante avance en la esfera institucional del país.
Da la impresión de que, a medida que el grupo gobernante avanza en la siembra de factores de inconformidad social –las reformas laboral, educativa, fiscal y energética, la paralización deliberada de la economía, el empecinamiento en restaurar una presidencia omnímoda y despótica–, busca cerrar las válvulas de escape pacíficas de la inconformidad popular. En esa medida, el intento por mutilar las libertades ciudadanas en la ciudad capital constituye una provocación innecesaria y peligrosa que debe ser revertida en el pleno de San Lázaro.
Por otra parte, este hecho evidencia la necesidad imperiosa y urgente de avanzar en una reforma política para el Distrito Federal que consagre la plena igualdad de éste respecto del resto de las entidades federativas. De otro modo, las fuerzas de la derecha autoritaria seguirán aprovechando la supeditación capitalina a los poderes federales para intervenir en la vida política de la capital de la República.
Ha de considerarse que los partidos que aprobaron el dictamen de marras –PAN, PRI y PVEM–, incluso si suman sus respectivas votaciones, son minoritarios en el Distrito Federal y no tienen, en consecuencia, legitimidad ni representatividad alguna para determinar las normas legales que han de regir los asuntos de la ciudad. El hecho de que, a pesar de todo, pretendan imponer en ella ordenamientos legales autoritarios y represivos es expresión de una actitud antidemocrática y de una lamentable carencia de espíritu republicano.
En lo inmediato, pues, es deseable que la ciudadanía capitalina exprese su rechazo al dictamen aprobado ayer, y en el corto plazo debe buscarse por todos los medios legales que se elimine el estatuto constitucional discriminatorio que padecen los habitantes del Distrito Federal y se logre que esta demarcación sea un estado más, con las obligaciones, los derechos y las prerrogativas que corresponden al resto de las entidades federativas.
