La omisión en la que incurrieron los 628 legisladores al no tener lista la legislación secundaria sobre telecomunicaciones repercutirá en que las empresas de radio, televisión y telecomunicaciones mantengan los privilegios sobre los que han crecido; que los usuarios de esos servicios no obtengan los beneficios de calidad y mejores precios que promete la reforma, y representa un riesgo para las inversiones que requieren certidumbre para la toma de decisiones, advirtió el director de la consultoría Mediatelecom, Jorge Fernando Negrete.

Alertó que sólo durante el primer semestre del año la inversión en el sector se redujo 4.2 por ciento, lo cual podría ir en aumento ante la falta de disposiciones legales firmes sobre los tipos penales que regirán para castigar las prácticas monopólicas y las concentraciones; la falta de reglas claras para homologar el régimen de concesiones, y definiciones como la forma en que el Estado pondrá a disposición del mercado más espectro.

De acuerdo con lo dispuesto en la reforma constitucional a telecomunicaciones y competencia económica aprobada el 11 de junio, los legisladores deberían tener listas para ayer, 9 de diciembre, las bases para la legislación secundaria necesaria para que opere la reforma, y que representa la modificación de por lo menos 14 leyes y reglamentos.

La reforma prevé que si en ese plazo de 180 días no hubiera legislación secundaria, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los involucrados en el sector tendrán que regirse por las leyes vigentes, siempre y cuando no se contrapongan a la Constitución. Sin embargo, puntualizó Jorge Fernando Negrete, la Ley de Radio y Televisión data de hace 60 años y la de Telecomunicaciones ha sido rebasada por la evolución tecnológica y las condiciones del mercado, por lo que mientras más se retrase la legislación secundaria las empresas seguirán gozando de los privilegios que han tenido durante años y no habrá competencia que beneficie a los consumidores.

Detalló que entre los grandes vacíos legales que se generan con la falta de legislación secundaria y que generan incertidumbre entre los participantes en el negocio de la radiodifusión y telecomunicaciones, así como entre los posibles interesados, destacan los castigos penales que se aplicarán a los agentes económicos que cometan prácticas monopólicas o concentraciones, la regulación que se aplicará al organismo público de radiodifusión, así como la mecánica que aplicará el Ifetel para homologar el régimen de concesiones por el de concesión única o convergente.