La iniciativa de ley de manifestaciones públicas para el Distrito Federal pone en riesgo la libertad de expresión, señaló la organización Amnistía Internacional (AI), por lo que exhortó a los integrantes de las comisiones del Distrito Federal y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados a rechazar ese proyecto, que será discutido este 10 de diciembre.

AI expuso que dicha propuesta es incompatible con las obligaciones que fijó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que plantea ordenamientos que no garantizan el derecho a la manifestación pacífica sin discriminación. Recordó que este organismo regional señaló que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más, sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática.

Añadió que el relator de la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas recomendó que las manifestaciones no deben ser sujetas a autorización previa, sino, como máximo, a notificación.

Mientras, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los grupos parlamentarios de PRI, PAN, PVEM y Panal rechazaron la solicitud de PRD y Movimiento Ciudadano (MC) de frenar la aprobación del dictamen sobre la ley de manifestaciones públicas para la capital del país, que será votada este martes en comisiones.

La negativa se dio en la Junta de Coordinación Política, horas después de que legisladores de PRD y MC también solicitaron a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara, Miriam Cárdenas Cantú, del PRI, no avalar la iniciativa del panista Francisco Sotomayor, con la que se pretende prohibir marchas en vías primarias u obstruirlas, y permite la represión de expresiones ciudadanas.

La intención es aprobar el proyecto para imponer un horario –de 11 a 18 horas– para cualquier manifestación pública. Se define que las marchas no deberán bloquear vialidades principales, que los ciudadanos designen un representante y éste solicite permiso al menos dos días antes al gobierno de la ciudad para llevarla a cabo, aunque la autoridad capitalina podrá negar el permiso si considera que existen condicionales ambientales adversas.