El dictamen de reforma energética plantea una apertura rápida, amplia y profunda, sin reparar en costos y riesgos. La propuesta pone en riesgo el sistema de suministro energético, las finanzas públicas, la economía de los consumidores y el futuro de las empresas públicas y sus trabajadores, según se desprende del análisis de la propuesta presentada por el PRI-PAN.

Sobre el artículo sexto transitorio, Fluvio Ruiz, consejero profesional de Pemex, afirmó que es particularmente grave, por lo que, dijo, es necesario eliminar la obligación de que la paraestatal acredite que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva.

O, en su caso, el periodo para que acredite las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias debería de ampliarse a 365 días, y no los 60 que se están considerando.

También es imperativo considerar que los campos ya asignados a Pemex no sean licitados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos y le imponga un aliado, ya que sería la parálisis de la paraestatal. El consejo de administración es el que debería decidir con quién se asocia y bajo qué condiciones.

Con base en el escrutinio del documento, Rosío (sic) Vargas, investigadora, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en temas de geopolítica, advirtió que el dictamen establece una privatización total de la cadena de producción, al quitarle la prerrogativa estratégica al Estado en este tipo de actividades, lo que para el sector energético significa su extinción.

Cuestión grave

Otra cosa gravísima, dijo, “es la pérdida de soberanía nacional, que tendría que ver con tres elementos: la primera es la cuestión territorial a través de concesiones, porque los contratos invitan al sector privado a que pueda acceder a parte de la producción, a parte de la renta; pero en una concesión le entregan el petróleo y simplemente le piden una regalía y un impuesto sobre la renta, pero esto puede ser una mínima contribución para todo lo que se va a llevar. Esto implica un control territorial, sobre todo si se van a asignar bloques a las grandes tasnacionales, refirió.

La segunda es la gradual pérdida de regulación y del diseño de la política energética por parte del Estado.

La tercera, que no ha sido suficientemente destacada, es la renuncia a que el Estado garantice la seguridad energética. Ellos (PRI-PAN) argumentan en el dictamen que en realidad no hay una obligatoriedad establecida; sin embargo, las empresas del Estado en el ramo desde siempre han tenido políticas de seguridad energética.

En realidad esto afecta a toda la nación, porque ya el Estado no va a tener el deber de garantizar el suministro de nada. En eso se van a ver afectados los industriales y los consumidores de algún tipo de combustibles. Además, se liberalizarán los precios de los energéticos al eliminarse los subsidios y ahora se otorgarán de manera focalizada, por lo que no habrá baja en las tarifas, añadió.

La especialista explicó que la maximización de la producción bajo un esquema privado significa que las trasnacionales van a maximizar sus ganancias.

Adicionalmente, queda más vulnerable el Estado en materia de refinados y petroquímcos, porque se va a crear una dependencia total de los insumos importados y, sobre todo, de Estados Unidos.

“Nos convertiremos en un país dependiente del gas de Estados Unidos, sobre todo con este boom que tiene el gas lutita o shale, que de alguna manera ya nos está haciendo construir un mercado del gas en México para absorber todo este excedente que tienen los estadunidenses”.

Rosío Vargas destacó que el sector eléctrico también está en la mira de Estados Unidos como parte de su proyecto geopolítico para que entren todas sus empresas a producir, generar sus empleos y tener efectos multiplicadores en términos económicos.