El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, afirmó que la decisión de devolver con observaciones a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) las reformas al Código Penal que elevan las penas a los delitos de robo, daño en propiedad, lesiones y homicidio contra agentes de los cuerpos de seguridad cometidos en el desarrollo de manifestaciones, no es un veto, pero en la dirigencia del PRD-DF y su grupo parlamentario se hicieron llamados a desechar en definitiva las enmiendas.

Se trata, explicó Mancera, de solicitar a ALDF que revise en dicha reforma el cumplimiento del control de convencionalidad a que está obligada por mandato constitucional, a partir de las observaciones que hizo a la reforma la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), es decir, que la norma considere los ordenamientos de derecho internacional reconocidos por el Estado mexicano.

En sus observaciones, la CDHDF consideró las reformas como un mecanismo indirecto de criminalización de la protesta social, por ser contraria, entre otros aspectos, a la visión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el uso de la pena privativa de la libertad como instrumento para disminuir los niveles de violencia y las tasas de delincuencia, y por estar enfocada no a la criminalización de conductas ilícitas, sino “de personas por su pertenencia a un grupo o asociación, ideología o cualquier otra condición de carácter discriminatoria.

El control convencional es para observar las disposiciones en materia de derechos humanos. Ante esta situación, lo único que estamos haciendo es que se revise y una vez que se revise, que se regrese para su publicación, señaló Mancera en entrevista.

En tanto, el diputado Alejandro Ojeda Anguiano, uno de los seis legisladores del PRD que votaron en contra de la iniciativa promovida por los también perredistas Antonio Padierna Luna y Arturo Santana Alfaro, dijo que más que una reforma penal se requiere revisar los protocolos de actuación de la policía y un mejor trabajo de investigación para identificar a los provocadores que se incrustan en las movilizaciones para generar violencia.

En esto coincidió el secretario general del PRD-DF, Enrique Vargas Anaya, al considerar que la Asamblea Legislativa debe de desechar en definitiva las reformas.

En entrevistas por separado, reconocieron la sensibilidad del mandatario capitalino para atender los señalamientos de la CDHDF y de organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos que presentaron sus objeciones.