Las negociaciones entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en torno al dictamen de la reforma energética seguían trabadas anoche en el Senado, ya que los legisladores del blanquiazul fijaron cinco puntos irreductibles, el principal de ellos: la modificación del artículo 27 constitucional, para poder concesionar a empresas trasnacionales la producción y refinación del petróleo.

Los panistas han dejado claro que no avalarán el dictamen si no se establece en la Carta Magna un régimen de concesiones que dé certeza jurídica a las empresas nacionales y extranjeras que invertirán en la exploración y explotación de petróleo.

Durante una reunión a puerta cerrada, los senadores de Acción Nacional acordaron no utilizar la palabra concesión, dadas las críticas que ha suscitado en el sentido de que están cediendo soberanía, para sustituirla por el término licencias acotadas, el cual implica también contratos que dan al inversionista la propiedad del hidrocarburo.

En entrevista, el senador Ernesto Ruffo Appel afirmó que se habló de que el término concesión genera reacciones adversas en la sociedad por razones históricas, ya que fue el presidente Porfirio Díaz quien otorgó a las compañías extranjeras concesiones para explotar el petróleo y en 1938 las revocó el presidente Lázaro Cárdenas.

En esa reunión –realizada el miércoles por la tarde en un hotel de Paseo de la Reforma– los senadores analizaron un documento de 40 cuartillas, en el cual se da cuenta de la forma en que han llevado la negociación con el PRI y dan la lista de varios puntos irreductibles, en relación con los cuales, se señala, no van a ceder.

Por lo que toca a las concesiones, se advierte que rechazan la propuesta contenida en la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, que defiende el tricolor, la de los llamados contratos de utilidad compartida, por ser difíciles de implantar y porque conducen a corrupción y a una mayor burocracia.

Sin embargo, señalan que “si bien se podría aceptar contratos de producción compartida para yacimientos convencionales, el modelo de concesiones, licencias o alguna figura equivalente para yacimientos no convencionales (shale, aguas profundas y no fracturadas) es irreductible”.

Definen que no darán marcha atrás en eliminar cualquier posibilidad de declarar áreas estratégicas no sólo refinación y petroquímica básica en las leyes secundarias, sino también el transporte, el almacenamiento, la distribución de petrolíferos y petroquímicos, además de que los precios sean determinados en un esquema de libre competencia.

Igualmente defiende que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) es la instancia que debe manejar el régimen de concesiones, contratos o licencias.

Detallan que en el sector eléctrico, el PAN no cederá en la apertura al sector privado en todas las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de luz, siempre bajo un esquema de competencia entre los inversionistas.

Otros puntos irreductibles para el PAN son que se considere a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad empresas públicas productivas. Éstas tendrán autonomía de gestión y no serán parte del presupuesto, estarán gobernadas por sus propios consejos de administración, en los cuales participarán cinco consejeros independientes y quedarán fuera los representantes del sindicato petrolero.

Igualmente, exigen que se incluya en el dictamen el tema de la sustentabilidad social y ambiental.

El otro tema irreductible es la creación del fondo mexicano de los hidrocarburos como órgano constitucional autónomo para administrar los beneficios de la renta petrolera. Su instauración es necesaria e indispensable

En el aspecto fiscal, la postura panista es la de crear y colocar en el mercado accionario instrumentos de capitalización disponibles para ciudadanos mexicanos o Afores.

El documento también contempla varias tablas comparativas con las coincidencias entre las iniciativas de Peña Nieto y del PRD, entre ellas:

– Modificar los artículos 27 y 28 constitucionales.

– Abrir la generación y comercialización de electricidad a la participación privada.

– Mientras que el PAN plantea una apertura completa por medio de concesiones y permisos, el PRI la propone en forma más acotada mediante contratos de utilidad compartida.

En el documento sostienen que su iniciativa tiene puntos comunes con la del PRD, como:

– Crear un fondo soberano para administrar los beneficios de la renta petrolera.

– Fortalecer la capacidad de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

– No incorporar a representantes del sindicato petrolero en el consejo de administración de Pemex.

– Transformar los subsidios generales a combustibles en subsidios focalizados hacia grupos más vulnerables.

– Aumentar las obligaciones de transparencia en el sector.

– Concepto general de empresa pública productiva.