Los grupos parlamentarios de PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados –con el respaldo de sus bancadas en el Senado– presentaron ayer un paquete de iniciativas que permitan instaurar la consulta popular como mecanismo ciudadano para revertir decisiones del Ejecutivo y reformas del Congreso de la Unión, así como reglamentar la iniciativa ciudadana.

El PRD informó que hay un acuerdo para que el paquete sea aprobado este jueves por el pleno de San Lázaro, después de que se dispensen todos los trámites, y confió en que constituirá la vía para echar abajo –en 2015– la inminente reforma en materia energética.

La Comisión de Gobernación fue citada a las 10 horas de este jueves, con el propósito de dictaminar con carácter de urgente las iniciativas de ley federal de consulta popular, así como de reforma a las leyes General del Sistema de Medios de Impugnación y Orgánica de la Administración Pública Federal, y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. La comisión también aprobará el dictamen de la legislación sobre el derecho de réplica.

La propuesta de ley de consulta popular define que serán objeto de pregunta a los ciudadanos los actos legislativos del Congreso de la Unión y los administrativos del gobierno federal que se consideren de trascendencia nacional, y que sus resultados serán vinculatorios siempre y cuando la participación corresponda a 40 por ciento de la lista nominal.

Según la iniciativa, firmada por los diputados Héctor Gutiérrez de la Garza, vicecoordinador del PRI; José González Morfín (PAN), vicepresidente de la mesa directiva, y Amalia García (PRD), así como las senadoras Cristina Díaz (PRI), Laura Rojas (PAN) y Angélica de la Peña (PRD), la solicitud de consulta sería presentada por el Ejecutivo, o el equivalente a 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras, o al menos 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal.

La propuesta señala que la recepción de solicitudes –que deberán ser declaradas constitucionales por la Corte, mientras el Instituto Federal Electoral verificará si se cumplen todos los requisitos– podrá realizarse, por única vez, a partir del día de entrada en vigor de la ley. Posteriormente, será del 1º de septiembre del segundo año de cada legislatura, y hasta el 15 de septiembre del año previo a las elecciones federales.

También se plantea que el IFE promoverá la realización de la consulta y que nadie pueda contratar espacios para influir en los resultados; que el ejercicio se lleve a cabo mediante papeletas, que se entregarán a los electores junto con las boletas electorales, y que el cómputo de la consulta se realice en la misma fecha de la elección, pero una vez terminado el conteo de ésta.

El proyecto detalla que se convocaría a una consulta popular cada tres años y será emitida por las cámaras del Congreso, previa declaratoria de constitucionalidad por parte de la Corte, y que la calificación de trascendencia nacional se validará con el voto de la mayoría de los legisladores presentes donde el tema se aborde.

Se propone que para considerar un asunto de trascendencia nacional, la decisión del Ejecutivo o la reforma legislativa a revisión tendrá que repercutir en la mayor parte del territorio nacional; impactar a un porcentaje significativo de la población; que se trate de creación, modificación o eliminación de políticas públicas con impacto nacional y social significativos; sobre nuevas leyes o reformas, pero también se considera que el Congreso pueda incluir otras causas para flexibilizar los temas a consideración ciudadana.

Se define que en la consulta podría hacerse sólo una pregunta, elaborada sin contenidos tendenciosos o juicios de valor, y en las papeletas se incluirían dos opciones: sí o no.

Además, se considera que el IFE podrá promover la consulta en tiempos oficiales de radio y televisión, de manera imparcial y no dirigida a influir en favor o en contra de la consulta popular.

Para ello, también se incluye una iniciativa de reforma al artículo 41 constitucional, para que ninguna persona física o moral pueda contratar propaganda en radio y televisión dirigida a promover e influir en la consulta popular.

Asimismo, propone que el mínimo de ciudadanos que presenten una iniciativa sea el equivalente a 0.13 por ciento del listado nominal, y que corroborado ese requisito, la propuesta será turnada a comisiones para su trámite ordinario.