Chilpancingo, Gro., 3 de diciembre.

Funcionarios del gobierno de Guerrero reconocieron que hubo excesos en el traslado a los penales de máxima seguridad de los dirigentes indígenas de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Nestora Salgado y Arturo Campos Herrera enviados a Nayarit, y Gonzalo Molina, a Oaxaca.

Josefina Jaime Quiroz, directora general de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública, aceptó que fue decisión política consignar a los dirigentes de la CRAC, acusados de terrorismo, secuestro, ataques a las vías generales de comunicación y asesinato, porque aquí en Guerrero se pudieron atender sus casos.

Incluso, dijo que las acusaciones son del fuero común por lo que la consignación de los líderes comunitarios fue por cuestiones políticas.

Al respecto, el subsecretario de Asuntos Indígenas, Felipe Ortíz Montealegre, recalcó que no era necesaria la consignación, porque son ciudadanos sin problemas. Expresó que la legislación no está debidamente redactada, por lo que debería especificar con claridad a qué se refiere cuando califica a alguien de terrorista.

Ortiz Montealegre adelantó que habrá una reunión con el gabinete del gobierno estatal para resolver parte de este problema. Espero que, si hubo errores, de todos modos se atiendan las demandas; nosotros podemos apoyarlos jurídicamente si ellos (la CRAC-PC) lo solicitan.

Ambos funcionarios fueron entrevistados durante la Feria Estatal Penitenciaria, que se realizó en esta ciudad.

En tanto, líderes de organizaciones sociales integradas en el Movimiento Popular Guerrerense confirmaron que tras la marcha del lunes, se reunieron con el gobernador Ángel Aguirre y con el secretario de Gobierno, Jesús Martínez, a quienes demandaron cesar las detenciones de líderes sociales y los crímenes contra activistas.