na multitud de luchas se expresa en diversos puntos de este país, desde esfuerzos para enfrentar la creciente desigualdad económica hasta la de los derechos de los inmigrantes, pasando por la gran pugna sobre la educación pública, así como en defensa de los derechos a la privacidad y libre expresión frente al gobierno secreto, y contra las políticas bélicas de Washington.

Ninguna es masiva, aún, y todas padecen de la fragmentación que caracteriza la lucha social y política en Estados Unidos. Pero nadie puede pronosticar qué prometen para el futuro.

El historiador Howard Zinn siempre afirmaba que la historia está hecha de sorpresas. En una entrevista con La Jornada hace años, Zinn recordaba cómo muchos progresistas lamentaban en los años 50 que los movimientos sociales parecían moribundos después del macartismo y el aparente triunfo del mito del sueño americano durante el auge económico de la posguerra, pero que justo en esos momentos unos jóvenes afroestadunidenses se estaban sentando en una barra prohibida a personas de color en un pueblo en el sur. A unos pueblos de distancia, sin saber de los otros, otro grupo de jóvenes hacía lo mismo. Era el inicio de un movimiento social que sacudiría a Estados Unidos y florecería en otros más en lo que ahora se refiere como los sesenta, transformando a este país.

Hoy día, unos jóvenes enfrentan a los políticos más poderosos del país y emplean algunas de las mismas tácticas de desobediencia civil de sus contrapartes en los 60 para demandar sus derechos civiles y humanos. Son hijos de inmigrantes indocumentados criados en este país y están hartos de vivir en las sombras y con el temor cotidiano de que sus padres serán deportados por trabajar y esperar que sus hijos logren sus sueños. La semana pasada, el coreano Ju Hong, activista de derechos de los inmigrantes, interrumpió el discurso del presidente Barack Obama para exigir el cese de las deportaciones, acción que fue noticia nacional. Cuando el presidente le respondió con una mentira –de que no tenía ningún poder para suspender la mayoría de las deportaciones–, el New York Times, entre otros, criticó al presidente, dañando su imagen como defensor de inmigrantes.

Unos días antes, el presidente de la cámara baja, John Boehner, fue enfrentado por dos hijas de mexicanos, y también les mintió: les dijo que estaba haciendo todo lo posible por promover una reforma migratoria, pero horas después declaró a los medios que no estaba dispuesto a promover nada este año. Mientras tanto, en diferentes ciudades, inmigrantes y sus defensores han bloqueado camiones y oficinas de la migra para intentar detener físicamente deportaciones. Acusan al presidente de ser el deportador en jefe por deportar a más de mil inmigrantes diarios en promedio y está por llegar a la cifra de 2 millones desde que llegó a la Casa Blanca, más que cualquiera de sus antecesores, y han declarado que ni uno más.

Por otro lado, mientras los medios reportaban la histeria de consumo al inicio de la temporada navideña a finales de la semana pasada, irrumpieron en la fiesta manifestaciones frente a más de mil establecimientos de Walmart en todo el país, de trabajadores y sus aliados que exigen mejores salarios y condiciones de trabajo a la cadena comercial más grande del planeta. En la protesta frente a la tienda en Ontario, California, 10 fueron arrestados, incluido un Santaclós; otros 10 fueron arrestados en una tienda de Walmart en Chicago; 15 más en Bellevue, estado de Washington; unos 150 protestaron en otra de sus tiendas en Secuacus, Nueva Jersey, y miles participaron en estas acciones a lo largo y ancho del país.

Los trabajadores de las cadenas comerciales ganan en promedio 9.60 dólares la hora, o menos de 20 mil al año; los 3.4 millones que trabajan en el sector de comida rápida tienen un salario medio de 8.80 la hora, que no alcanza para sostener a una familia. Por ello, agrupaciones a lo largo del país han impulsado –junto con acciones contra empresas particulares como Walmart y McDonald’s– campañas estatales para elevar el salario mínimo para los millones de trabajadores tanto en este sector como en el de comida rápida. Una encuesta reciente de CBS News registra que 69 por ciento de los estadunidenses apoya el incremento del salario mínimo, con sólo 25 por ciento que se opone. Ante la realidad de la peor desigualdad económica desde la gran depresión (los ricos tienen más que nunca), estas campañas tienen un terreno político y social fértil.

Por otro lado, una de las iniciativas que surgieron de Ocupa Wall Street, Rolling Jubilee, ha comprado casi 15 millones de dólares de deuda médica de gente pobre. Recaudando 400 mil dólares en contribuciones, la iniciativa compró con descuento la deuda de bancos en el mercado secundario de deuda donde venden deuda incumplida. Al adquirirla, el proyecto envió un mensaje a los 2 mil 693 individuos en más de 45 estados, declarando que su deuda ha sido abolida; pero el propósito es educar al público sobre el funcionamiento del sector financiero.

También continúan luchas dinámicas en varios otros frentes: desde maestros, estudiantes y padres de familia contra las llamadas reformas educativas que buscan convertir al sector en un mercado de lucro hasta un movimiento ambientalista amplio contra las políticas energéticas, sobre todo el llamado fracking, como también acciones de repudio físicas y cibernéticas contra el espionaje masivo de la ciudadanía por el gobierno, actos contra políticas bélicas, como el uso de drones contra poblaciones civiles, entre otras expresiones de disidencia y protesta.

Todos estos frentes de lucha siguen, en general, aislados uno del otro, pero empiezan a verse algunas nuevas alianzas, y la memoria de Ocupa Wall Street como la efervescencia ciudadana en la primera elección de Obama siguen presentes como experiencias donde se sumaron sectores diversos para volverse uno. De todo esto, afirman algunos, suelen brotar las sorpresas.