odo apunta a que en materia petrolera y eléctrica el gobierno peñanietista y panistas que le sirven (o al revés) decidió seguir la ruta salinista en materia de industria minera: privatizar al 100 por ciento y convertir a las instituciones del Estado –con Los Pinos a la cabeza– en meras gestoras de negocios privados, en administradoras de permisos y concesiones, para que el gran capital se quede con absolutamente toda la riqueza, sin beneficio alguno para la nación.

A lo largo de las últimas tres décadas las recetas de los chefs neoliberales hundieron al país, debilitaron la economía autóctona, denigraron a las instituciones del Estado, empobrecieron a los mexicanos, trocaron desarrollo social por asistencialismo electorero, enriquecieron a unos cuantos, cancelaron cualquier posibilidad de progreso interno y de México hicieron el paraíso para un selecto grupo de capitales nacionales y foráneos. Pero se acabó. No hay más bienes que vender, nada adicional que privatizar. Se cierra la venta de garaje. Arrasaron.

Con el recetario en la mano, tales chefs decidieron que no hay mejor fórmula para entregar el petróleo y la electricidad que la utilizada por Carlos Salinas de Gortari en materia minera, es decir, el Estado cobra al capital privado entre 5 y 111 pesos por hectárea concesionada, mientras los grandes consorcios saquean a esta República agujereada y se embolsan alrededor de 25 mil millones de dólares anuales por la riqueza que, según la Constitución, pertenece a la nación. A estas alturas, por ejemplo, el oro mexicano, extraído de suelo mexicano por trabajadores mexicanos debe comprarse a las empresas canadienses. Y si tal es el balance en esta materia, echen cuentas con lo que sucederá en el capítulo de hidrocarburos y energía eléctrica.

Como siempre, La Jornada nos ilustra al respecto: “la apertura en el sector energético propuesta por el Ejecutivo federal y el Partido Acción Nacional plantea la desaparición de la explotación del petróleo como actividad estratégica, para permitir la participación del sector privado en todas las actividades de la industria de hidrocarburos, según se desprende del último borrador de la propuesta para la ley secundaria de la reforma energética… En esta iniciativa de modificaciones legales no hay restricciones a la integración vertical, y en consecuencia se permiten los oligopolios privados extranjeros, desde los campos petroleros hasta las estaciones de servicio, incluyendo la refinación. La exclusividad del Estado se limitará al otorgamiento de asignaciones, contratos y permisos, y se sugiere la desaparición de Pemex Gas y Petroquímica Básica. Como resultado, Petróleos Mexicanos será más pequeño y estará dividido en dos: por un lado exploración y extracción y, por otro, industrialización y comercio” (Israel Rodríguez).

Adicionalmente, aprobada la reforma energética, la propiedad pública de los hidrocarburos sólo aplica cuando están en el subsuelo, y podrá ser transferida al sector privado a boca de pozo. El Estado podrá pagar con hidrocarburos y se admite todo tipo de contratos; será posible compartir producción y se permitirán las concesiones, pero no en la Constitución, sino en la legislación secundaria, al llamarlas licencias. Las compañías extranjeras estarán en libertad de disponer del petróleo que les toque en sus contratos; podrán incluso exportarlo y refinarlo, entre otras opciones. De esta manera, se abre la puerta para que haya refinerías privadas, así como oleoductos, poliductos, plantas de gas y terminales, entre otras instalaciones industriales. En el caso de las refinerías de Pemex, se podrán vender, dar en comodato u operar en asociación con el sector privado (ídem).

Más claro no puede ser: la intención es abrir las puertas (léase las piernas) al capital privado y retomar la política previa a la expropiación de 1938, cuando más de 90 por ciento del petróleo mexicano se quedaba en manos de empresarios ingleses y estadunidenses, y el resto en las de capitalistas de otras nacionalidades. ¿Y para México y los mexicanos? Nada. Ni las gracias.

La reforma de la dupla tricolor y blanquiazul (lo de la chuchiza es mero movimiento táctico) sirve la mesa para que los vampiros (don Jesús Silva Herzog dixit) petroleros trasnacionales retomen sus posiciones previas al 18 de marzo de 1938. Las vueltas que da la vida: con Lázaro Cárdenas, de la mano gobierno y mexicanos todos combatieron contra el capital trasnacional; ahora, con Peña Nieto, de la mano gobierno y capital trasnacional combaten contra los mexicanos.

Al estilo de la Ley Minera (1992) del salinato, el gobierno de Peña Nieto pretende que sea el inquilino de Los Pinos, mediante la dependencia por él designada (la Secretaría de Economía en el caso minero; la de Energía en el petrolero y eléctrico) la que defina qué porciones del territorio estarán abiertas a la búsqueda y extracción de hidrocarburos, y qué zonas se dejan para explotación futura. Otorgará permisos de reconocimiento y exploración superficial y títulos de explotación (asignaciones y contratos). Lo hará mediante adjudicación directa y/o por subasta pública. Lo mejor del caso es que Pemex ¡¡¡también podrá participar!!!

El saqueo minero se amplía. La Secretaría de Energía podrá escoger entre una amplia gama de posibilidades, como los contratos de riesgo puro, de reparto de la producción, de utilidad compartida y las licencias (que pueden interpretarse como concesiones disfrazadas). La selección de una u otra modalidad dependerá de las características petroleras de las áreas puestas a disposición de los productores. La remuneración será en efectivo o en especie, según el tipo de contrato. En las licencias el contratista se quedará con toda la producción y en los contratos de generación compartida sólo con una parte. Los términos económicos serán definidos por la Secretaría de Hacienda. El crudo que reciba el Estado será comercializado por entes públicos o privados. Los contratistas tendrán libertad de disponer de la producción que les corresponda: podrán exportarla, comercializarla localmente o aprovecharla en sus procesos, pues toda la industria petrolera estará liberalizada.

Y se acabaron las fichas: en la venta de garaje, inaugurada por Miguel de la Madrid, nada queda por vender.

Las rebanadas del pastel

He allí la síntesis de una modernización que “nada privatiza… ni un tornillo” (Peña Nieto y coro que lo acompaña dixit). Entonces, se trata de mover a México para que su riqueza sirva a otros, no a los mexicanos. Así de sencillo.

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