l gobierno de Peña Nieto planea un albazo (¿antes del 15 de diciembre?) para la aprobación en cámaras de la reforma energética, que implicaría la privatización de Pemex con los cambios de los artículos 27 y 28 constitucionales que permitirían, como dice la iniciativa, los contratos de utilidad compartida, tanto en materia de exploración como de producción de los hidrocarburos. Todo indica, sin embargo, que, en su afán privatizador, el PRI y el PAN unidos permitirían con esta reforma la celebración de concesiones y permisos de todo tipo, permitiendo a las trasnacionales exportar o refinar el crudo que recibirían. Un verdadero despojo a la nación con la ayuda del PAN, que lleva más a la derecha esta reforma que acabaría de configurar la entrega de los hidrocarburos a las compañías extranjeras.

Los argumentos en favor de esta reforma se centran en la falta de recursos suficientes de Pemex para efectuar nuevas inversiones con grandes capitales y alta tecnología. Con la participación de los privados de dentro y de fuera se lograrían los recursos necesarios y suficientes para hacer más competitivo a Pemex, según lenguaje de la tecnocracia, estimulándose así el desarrollo de México. Lo que no se dice es que nuevamente, no obstante la hazaña liberadora de Lázaro Cárdenas, nos echaremos al seno de la República a los alacranes expoliadores de las compañías petroleras extranjeras, que limitarán y asfixiarán muestra soberanía e independencia, por las que hemos luchado a brazo partido. De esa reforma resultará entonces una grave limitación a nuestra soberanía e independencia, y una regresión histórica inadmisible. Peña Nieto y su equipo económico olvidan la historia de México y nos sitúan otra vez en tiempos porfirianos.

Desde luego, no podemos olvidar los ejemplos de otras industrias o conjuntos financieros, especialmente los bancos, que al privatizarse y permitir el ingreso de propietarios extranjeros no sólo no beneficiaron por la mejor competencia el costo de los usuarios mexicanos a esos servicios, sino que elevaron esos costos sin mejorar los servicios y sin proporcionar ningún otro provecho a la sociedad mexicana. Al contrario, en el ejemplo de la banca mexicana privatizada y extranjerizada la experiencia no podía ser más lamentable, sobre todo si consideramos una situación sólidamente establecida en México: el abuso y la corrupción que supone cada apertura que, en realidad, sirve como una nueva oferta abierta de dinero millonario para enriquecerse. Así ocurriría con Pemex privatizado y controlado empresarialmente.

Como ya se proclama a voz en cuello por quienes cruzan los dedos para que la reforma energética de Enrique Peña Nieto se lleve a cabo a la mayor brevedad, esperan que tal sería el banderazo para la formación de otra o varias camadas de nuevos millonarios o multimillonarios en México, con el destino de más bien profundizar la concentración de la riqueza y ampliar las desigualdades y la miseria en el país.

Por lo demás, como se ha probado en distintos lugares del mundo, las empresas privadas no necesariamente aumentan la calidad de los servicios y bajan los precios de la competencia, como ha ocurrido en Estados Unidos y en Reino Unido, donde las empresas que se establecieron a partir de la privatización del sector eléctrico mantienen el control total de la producción y la distribución, lo cual les permite manipular los precios del consumo. En vez de competir y de colaborar para disminuir los precios estos se manipulan artificialmente y fuera de toda ética para incrementar sus fabulosas cifras de ganancias. ¿Algo distinto ocurriría en México? Parece que no, salvo en la imaginación fallida de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Escribiría que parecen desconocer el país, pero me equivoco, seguramente lo conocen muy bien y su interés principal al final del día es participar en las ganancias descomunales que resultarían de esa privatización. Que serían privatizadas de facto no hay ninguna duda, pese a las afirmaciones en contrario de los más altos servidores públicos, que desempeñan un papel que puede recibir muchas calificaciones salvo el de servicio público en su significado genuino y original.

Insistimos: uno de los hechos más siniestros de esta historia es que, habiendo ya resuelto, por la nacionalización del petróleo de Lázaro Cárdenas, el problema de permanecer bajo el puño de las empresas petroleras mundiales, y habiéndonos liberado esencialmente de esa subordinación, decidamos regresar a la misma situación, agravada por el paso del tiempo ya que ahora la estructura neoliberal de la economía, es decir el capitalismo salvaje que se ha impuesto mundialmente, es mucho más implacable de lo que nunca imaginamos.

Lo peor: que esa privatización tendría lugar en unos cuantos días, cumpliéndose así el albazo anunciando, y la entrega de los hidrocarburos a las trasnacionales. Sin embargo, esa fatalidad no se cumplirá necesariamente porque muchos mexicanos patriotas están y estamos todavía en tiempo para manifestarnos en contra y denunciar las mentiras de los privatizadores.

Desde luego personalidades políticas como Cuauh­témoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y muchos militantes de todos los niveles en el PRD, y desde luego en el Movimiento Regeneración Nacional, se han manifestado ya y se manifestarán en contra en las calles del país, por escrito, en las universidades y en los sindicatos y en multitud de organizaciones ciudadanas que no se tragan las ruedas de molino con que se ha querido engañar y empujar. No es un hecho menor que el PRD haya abandonado su pertenencia al Pacto por México, para el que resultó ahora evidente la complicidad ilegal e inmoral entre el PAN y el PRI.

Por lo demás, las mismas compañías extranjeras debieran ver que se trata de una acción profundamente ilegal y anticonstitucional que los llevaría a una situación muy delicada, que pondría en alta inseguridad sus eventuales inversiones. Que, por cierto, no se han expresado materialmente hasta la fecha y que con mucha probabilidad no se concretarán, ya que el país entero está en contra de las reformas propuestas a los artículos 27 y 28 constitucionales.

No a las reformas de los artículos 27 y 28 de la Constitución General de la República.