anistas y priístas cerraron tratos para aprobar sin fisuras las reformas electoral y energética. Así como el PRD logró imponer matices a la miscelánea fiscal (cuando el PAN se retiró de ese proceso legislativo), ahora los jefes del partido de blanco y azul forzaron la aceptación de ciertas cláusulas, en especial en lo relativo a relecciones. Juntas, las bancadas pripanistas suman lo necesario para sacar adelante las dos propuestas, primero la relacionada con asuntos políticos y electorales (así lo ha pedido el panismo, temeroso de que sus colegas de tres colores se echen atrás en estos temas si los legisladores de derecha conceden sus favores por adelantado respecto a la cereza del pastel reformista, la energética).

Frente a ese cuadro de inminente aprobación de la mencionada reforma energética se produjo ayer un mitin más de la serie que sobre el tema han organizado Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Regeneración Nacional. Fue una suerte de convergencia táctica de divergencias sabidas. Marcharon profesores de la CNTE e incluso uno de sus líderes habló en el Zócalo, pero la agenda del magisterio en lucha coincidirá con la del tabasqueño sólo en lo que sea circunstancialmente oportuno, sin un plan de mediano plazo, unos corriendo por el carril gremial y otros por el electoral. También se hicieron presentes algunos grupos de los denominados anarquistas, o anarcos. Aun cuando fueron contenidos por los profesores y los morenos, posteriormente hubo agresiones y ataques a instalaciones como las de Televisa, cerrando el día con detenciones de presuntos infractores y golpes policiacos a periodistas.

La reunión dominical en el Zócalo capitalino sirvió para pedir a los seguidores del tabasqueño y del partido en formación que estén atentos a un próximo llamado para montar cercos sobre sedes legislativas que, como en el caso del Senado, ya están oportunamente cercadas metálica y policiacamente. El ex candidato presidencial (en ruta de una tercera búsqueda) también informó que él, personalmente, estará en esas tareas obstructoras.

El rutinario recurso del cerco opositor tiene como muy practicado antídoto oficial el traslado de los legisladores a algún sitio bajo buen resguardo como, por ejemplo, el centro de convenciones Banamex, a un lado del Campo Militar número uno de la Secretaría de la Defensa Nacional. También forman parte del recetario tradicional los jaloneos de ciudadanos frente a granaderos y policías federales, los discursos y consignas estridentes, los intentos de determinadas fracciones legislativas para entrar a su salón oficial de sesiones, a bordo de autobuses escoltados por policías, y el consuelo cívico de que se forzó a esos diputados o senadores a escurrirse hacia otros inmuebles en donde finalmente la aritmética convenida acaba aprobando las medidas impugnadas.

Si es que la reacción en lo inmediato (el cerco a las cámaras, federales y estatales) sólo queda en una movilización testimonial, la apuesta posterior parece inviable, por el tiempo que transcurrirá entre la actual irritación de un segmento de los ciudadanos y el 2015, en el que se abriría una hipotética consulta popular para decidir si se mantiene o revoca lo que será un apabullante hecho a esas alturas. Pero no es solamente ese lapso tan largo el que podría sofocar a la oposición actual, sino incluso su propia sustancia jurídica, su viabilidad en el marco legal mexicano y, de manera particular y peligrosa, en el internacional, frente a poderosos consorcios extranjeros que apelarán al apoyo de los gobiernos correspondientes para obligar al mexicano a cumplir con obligaciones contraídas, con términos contractuales firmados e inversiones cuantiosas ya hechas.

El abogado Netzaí Sandoval Ballesteros ha escrito a esta columna respecto a lo señalado en anterior entrega en cuanto a que de poco servirá la famosa consulta, promovida por Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo Ebrard, López Obrador y el PRD y su vertiente hegemónica, la de los Chuchos.  Sandoval fue quien presentó a finales de 2011 ante la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, una demanda contra Felipe Calderón y miembros de su gabinete de seguridad por los diversos delitos de lesa humanidad que cometieron en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico.

Así puntualizó el egresado de la UNAM, con maestría en la Universidad Complutense de Madrid (@Netzai_Sandoval en Twitter): “Esa consulta debió impulsarse antes de que se aprobara la reforma energética. Muchos otros abogados, entre ellos yo, destacábamos que no se necesitaba esperar a que hubiera una ley secundaria, pues la Constitución tiene fuerza normativa propia. El problema de hacer una consulta posterior es que no servirá, pues una vez aprobada la reforma constitucional, el Tratado de Libre Comercio protegerá a los inversionistas extranjeros. El TLCAN tiene un régimen especial de protección a las inversiones extranjeras (http://bit.ly/18g8ftE). Si se aprueba la reforma el TLCAN hará que se pierda irreversiblemente la soberanía energética y la (hipotética) consulta no podrá revertirlo”.

El esquema de las simulaciones y las insuficiencias favorece estratégicamente al peñismo reformista, que de manera recurrente se ha beneficiado de la inacción, los titubeos o los cálculos electorales o grupales de parte de la izquierda electoral.  El turno de la indignación opositora ha tocado a quienes dirigen el sol azteca. Los chuchos tratan de presentar una imagen de combatividad de última hora frente a los hechos consumados que ayudaron a realizar. La contundencia crítica de esta postura reciente ha ido bajando de tono con rapidez. Ayer, Jesús Zambrano bajó de grado su presunto enojo y entreabrió la puerta para eventuales reconciliaciones. Según eso, si la discusión de la reforma energética se pasa para el próximo periodo de sesiones de la legislatura federal, que comenzará en febrero del año entrante, el PRD volvería al famoso Pacto por México.

Y, mientras el cardenal Rivera denuncia intentos de extorsión, ¡hasta mañana!

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