a Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) ha señalado en su balance anual que el año que está a punto de terminar ha sido uno de los más difíciles para el sector industrial mexicano, toda vez que el sector público no ha ejercido su poder de compra –el mayor del país–, y exhortó a la administración federal que encabeza Enrique Peña Nieto a invertir con eficiencia y a comprar bienes y servicios con transparencia y agilidad, a fin de contribuir a la reactivación de los sectores manufactureros y de la construcción.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que la falta de crecimiento de la economía nacional en los primeros 12 meses del actual gobierno se debió fundamentalmente a factores internos, empezando por la disminución del gasto público, y criticó la recientemente aprobada reforma fiscal, por considerar que encarecerá el empleo formal e introducirá el riesgo del déficit fiscal.

Aunque elogiaron lo hecho durante el primer año de la presidencia de Peña Nieto en materia de concertación política y reformas neoliberales, ambos organismos expresaron, además, su descontento ante la falta de resultados en seguridad pública y combate a la delincuencia.

Es significativo que, por conducto de la Concamin y de la Coparmex, el sector patronal se una al coro de insatisfacciones que recorre al conjunto de la sociedad por dos puntos en los que el país ha experimentado, en el curso de los últimos 12 meses, un estancamiento, si no es que un retroceso con respecto a la situación de suyo trágica del calderonismo: crecimiento económico y seguridad pública. No ha de escapar al análisis el dato de que, en el proceso electoral del año pasado, Peña fue visto como el candidato favorito de la iniciativa privada, lo que implicaría que ésta empieza a tomar distancia del actual presidente con desusada rapidez.

Los pronunciamientos señalados tendrían que ser vistos, en el seno del equipo gobernante, como señal de alerta ante los peligrosos efectos políticos que podrían tener las actuales estrategias gubernamentales en caso de no emprenderse un cambio de rumbo y un deslinde con respecto al gobierno anterior. Ello resulta particularmente acuciante en los ámbitos económico y policial, que es donde las políticas en curso causan mayores estragos a la población en general.

Preocupa, por lo pronto, que por un lado el presidencialismo restaurado propicia consensos a su favor institucionalmente dudosos y de representatividad cuestionada, como el Pacto por México, y por el otro genera consensos mucho más sólidos en su contra, como el que ha alimentado el estancamiento económico inducido por los subejercicios presupuestales y la falta de inversión gubernamental. Esta práctica, en efecto, lesiona a todos los sectores productivos y a la sociedad en general y, sin embargo, hasta ahora la administración pública no ha explicado en forma puntual y verosímil la razón de tal conducta.

Cabe esperar, por último, que por su propio bien y el del país el gobierno actual empiece su segundo año de gobierno con una rectificación en los ámbitos en los que resulta más clara la falta de respaldo social.