ocas horas después de que el Congreso español aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, reforma que criminaliza las protestas sociales mediante la imposición de multas descomunales, miles de españoles volvieron a salir a las calles a manifestarse en contra de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), impulsada por el ministro ibérico de Educación, José Ignacio Wert, la cual es vista por amplios sectores de la oposición y de la sociedad de ese país como un paso a la privatización de la enseñanza pública y al adoctrinamiento religioso de los educandos.
Ante la andanada de descontento social provocado por las medidas económicas devastadoras que ha venido tomando la administración del Partido Popular (PP) en España, el gobierno de Mariano Rajoy ha replicado con especial insensibilidad, con la aprobación de nuevas reformas neoliberales y de claro contenido proempresarial –como la LOMCE– y con la promulgación de normativas que sancionan y persiguen las manifestaciones de inconformidad.
La actitud de La Moncloa es particularmente improcedente si se toma en cuenta que las políticas adoptadas en meses recientes amenazan a prácticamente todos los sectores de la sociedad española –los asalariados, los jubilados, los jóvenes, así como a los especialmente vulnerables de la población, como los desempleados y los trabajadores inmigrantes indocumentados– y que el propio gobierno ha cancelado en los hechos los canales institucionales de expresión de las discrepancias políticas y sociales. De esa forma, amparado en la amplia votación que su partido recibió en la elección de finales de 2011, en el control parlamentario que logró entonces y en la catástrofe política de la principal fuerza de oposición, el derrotado Partido Socialista Obrero Español, Rajoy pretende imponer en España una descarnada ortodoxia neoliberal, que en los dos años recientes prácticamente ha desmantelado el estado de bienestar que se construyó en las décadas posteriores a la dictadura y ha comenzado a hacer lo propio con otros preceptos constitucionales.
El caso de la LOMCE es, al respecto, emblemático. Aprobada con los 182 votos del PP en el Congreso, dicha reforma sumó numerosas críticas por haber sido avalada sin tomar en cuenta el punto de vista de los integrantes de la comunidad educativa española –profesores, directores, sindicatos, asociaciones de alumnos–, y ni siquiera el de las asociaciones de padres de familia y de profesores de perfil conservador. Por lo demás, la inconformidad y las críticas suscitadas por la aprobación de la referida ley derivó en la firma de un acuerdo inédito en el que los partidos de oposición se comprometieron a derogarla en cuanto el PP deje de controlar la mayoría parlamentaria.
Esta combinación –insensibilidad oficial, indignación popular y ausencia de cauces institucionales para expresarla y convertirla en acción política– pudiera resultar sumamente costosa para el actual régimen español, en la medida en que constituye una condición de riesgo de estallidos sociales incontrolables. Es previsible que éstos no podrán ser contenidos con medidas autoritarias como la recientemente aprobada Ley de Seguridad Ciudadana, en la medida en que la sociedad española siga padeciendo el aumento del desempleo, la reducción de su nivel de vida y la ofensiva gubernamental en contra de sus derechos en materia de trabajo, vivienda, salud y educación.
