En materia de derechos humanos y seguridad, la administración del presidente Enrique Peña Nieto no es más que la continuación del sexenio de Felipe Calderón, pues la violencia, los crímenes de alto impacto y los atropellos contra las garantías individuales ocurren con la misma intensidad, lamentaron activistas de organizaciones sociales.

Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, afirmó que si bien el Ejército ha bajado su nivel de protagonismo en la lucha contra el crimen organizado, eso sólo ha matizado el hecho concreto de que los niveles de violencia continúan muy altos, lo mismo que la incidencia de delitos graves, como secuestro y extorsión.

El nuevo gobierno se queda mucho en el discurso, pero sin que se vea mejora alguna. En toda el área de seguridad y justicia le ha faltado énfasis en los derechos humanos, como si fueran un tema aparte, cuando debe ser transversal a toda la administración pública, consideró.

En este contexto, dijo, los diversos cuerpos de policía siguen cometiendo abusos contra las garantías básicas de la población, en medio de una impunidad casi total. El gobierno de Enrique Peña Nieto sigue arrastrando esa gran deuda con el pueblo mexicano. No conocemos autoridades sancionadas por el delito de tortura, ejemplificó.

Por todo ello, dijo Ramírez Baena, estamos ante una especie de continuación de Felipe Calderón y, peor todavía, porque no se vislumbra un cambio, un proyecto claro o un compromiso auténtico. Prueba de ello es que el gobierno pidió de plazo hasta marzo de 2014 para contestar a las recomendaciones del Examen Periódico Universal de la Organizaciónd de Naciones Unidas, en vez de asumir ya un compromiso efectivo e inmediato.

En este mismo sentido, Manuel Olivares, de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, aseveró que para el pueblo de México, el gobierno de Peña Nieto está reprobado, porque la violencia en el país no ha disminuido a pesar de la militarización de los espacios encargados de la investigación y la vigilancia.

Al mismo tiempos que los secuestros, asesinatos y levantones van en aumento, las autoridades siguen vinculando a las víctimas de estos delitos con la delincuencia organizada, como pasaba en el sexenio anterior.

“A final de cuentas –apuntó–, Enrique Peña Nieto no es más que la continuidad de una estrategia que se inició con Calderón Hinojosa”.

Ambos activistas coincidieron con las críticas de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Oficina de Washington en América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), en el sentido de que la política de derechos humanos del gobierno actual está basada únicamente en el discurso, no en acciones reales.