Tras un recorrido por la comunidad de Coyotepec, estado de México, representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) reconocieron la existencia de un grave conflicto entre las autoridades de esa entidad y la población indígena nahua, a quienes les han obstaculizado el acceso al agua potable y la energía eléctrica, señaló el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).

Según información divulgada por ese colectivo, el jueves pasado los integrantes de la Oacnudh pudieron constatar las precarias condiciones en las que han sido obligados a vivir los pobladores de Coyotepec luego de que la administración del gobernador Eruviel Ávila Villegas ordenó la suspensión del suministro de energía eléctrica y abasto de agua potable, en perjuicio de más de 50 mil habitantes indígenas.

El CDHZL recordó también que la Comisión Federal de Electricidad presentó una denuncia penal en contra de la población indígena nahua por el supuesto delito de robo de la energía eléctrica, por un adeudo de 19 millones de pesos en la prestación de este servicio.