Mexicali, BC, 30 de noviembre.

Con finanzas municipales en quiebra y falta de recursos públicos para el pago de nómina y hasta de aguinaldos, este domingo inicia una nueva administración de los cinco ayuntamientos de Baja California.

Por primera vez desde la década de los 80, en que los cinco ayuntamientos eran gobernados por empresarios y militantes del PRI, en la elección del 1° de julio de 2013 hubo alternancia en Playas de Rosarito y Mexicali, mientras que en Tijuana, Tecate y Ensenada lo ganaron los priístas.

El sindicato de burócratas –vinculado orgánicamente al PRI– realizó protestas el viernes para denunciar el incumplimiento de acuerdos sostenidos con los alcaldes sobre pagos pendientes, aunque éstas estuvieron precedidas de paros, manifestaciones y hasta de arrojar basura en oficinas municipales en franco rechazo a los alcaldes.

Tijuana, Mexicali y Ensenada, las tres ciudades principales del estado, son las que reportaron mayores estragos administrativos al cierre de la gestión.

En 2011, bajo el gobierno del empresario Carlos Bustamante, Tijuana se convirtió en uno de los municipios con mayor deuda pública del país, al pasar de 2 mil 500 millones de pesos adquirida por su antecesor, el panista Jorge Ramos Hernández, a 3 mil 200, en una operación que provocó controversias porque además del monto aumentó el tiempo de deuda, advirtió el regidor Erwin Areizaga.

Otro factor de descontento es el pago de 50 millones de pesos por asesoría de Protego, empresa promotora del refinanciamiento propiedad de Pedro Aspe, cuyo socio era en ese entonces Luis Videgaray, actual titular de la Secretaría de Hacienda.

En Mexicali, el empresario y edil Francisco Pérez Tejada Padilla utilizó para gasto corriente las cuotas que les descuentan a los trabajadores para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Gobierno y Municipio del estado (Issstecali), con el cual ahora el gobierno municipal tiene adeudos, además de que en connivencia con los líderes sindicales autorizó basificar a cien trabajadores de confianza.

Decenas de proveedores deambularon durante el viernes por las oficinas de la Tesorería en espera del pago de los servicios realizados durante 2013.

El alcalde de Ensenada, Enrique Pelayo Torres, dijo haber tomado dinero de recursos federales etiquetados para el pago de nómina y gasto corriente, además que al concluir dejó pasivos por pago a proveedores y no hay recursos para aguinaldos.

Desde el primer día de gobierno, Pelayo cometió exabruptos que lo acompañaron durante los tres años de su gestión como alcalde: uno de ellos fue la orden de cerrar la empresa Energía Costa Azul, filial de Sempra Energy, sin acuerdo de cabildo y como una medida administrativa en un litigio por su instalación en terrenos ubicados en el corredor costero Tijuana-Ensenada.

En ese contexto, el 25 de enero de 2011, la empresa Procesos Innovadores de Alta Tecnología depositó 2 millones de dólares en una cuenta bancaria de California, compartida entre el alcalde y su hijo Enrique Pelayo Navarro, quien sostuvo que el pago debió ser de 2 millones de pesos. Los Pelayo nunca esclarecieron a qué se debía el pago.

La medida, que provocó reacciones en contra, fue la aprobación de cambio de uso de suelo del Valle de Guadalupe con la finalidad de autorizar un desarrollo de casas con campo del golf al Grupo Lagza, propiedad del empresario Carlos Lagos, cuyo socio Ricardo Zazueta –ex diputado priísta– fungió como delegado municipal en Francisco Zarco y concluyó siendo subsecretario de Gobierno en la administración de Pelayo.

Los alcaldes entrantes anunciaron que realizarán un análisis profundo sobre las finanzas públicas que dejaron sus antecesores para definir prioridades y acciones de gobierno.