La Cámara de Diputados pretende aplicar un castigo de 60 años de cárcel a quien cometa actos terroristas contra bienes públicos y esto genere perjuicio a la economía nacional y, en su caso, también mantenga rehenes.

Pese a lo que se proponía, los legisladores no considerarán terrorismo las manifestaciones que realicen personas y grupos sociales en el ejercicio de los derechos humanos, sociales o de cualquier otro previsto en la Constitución y en los tratados internacionales, que –sin atentar contra bienes jurídicos de personas– tengan la finalidad de presionar a la autoridad para que se tome una determinación en cierto sentido sobre alguna demanda.

El pasado 31 de mayo, el presidente Enrique Peña Nieto presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa con proyectos de decreto que pretende reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Federales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Federal de Extinción de Dominio y del Código Fiscal de la Federación, para elevar el castigo a diversos tipos de terrorismo.

Entre ellos, penalizar con 40 años de cárcel a quien utilice armas químicas, biológicas o material radiactivo, y 12 años de prisión por ataques contra aeronaves o servicio de navegación aérea.

La Comisión de Justicia en San Lázaro aprobó un dictamen, respaldado por la mayoría de PRI, PAN y PRD, en el cual se establece que el terrorismo es un acto predeterminado –no espontáneo–, montado en estrategias planificadas y que requiere la participación de diversos actores, que se apoyan tanto en mentes brillantes como en medios inimaginables que puedan causar el mayor daño posible.

El documento especifica que el acusado, una vez comprobada su participación en ataques terroristas donde se destruyan vías de comunicación, servicios de navegación aérea, vehículos de servicio público o local, recibirá de seis a 12 años de prisión.

En el citado grupo de trabajo se aprobó fortalecer las sanciones a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, con el propósito de mermar las estructuras financieras de las organizaciones criminales, dada la magnitud del daño que éstas ocasionan a la sociedad.