Madrid, 29 de noviembre.

El gobierno español, del conservador Mariano Rajoy, aprobó hoy el proyecto de la nueva ley de seguridad ciudadana, con la que se pretende reprimir y sancionar con multas de hasta 30 mil euros (más de medio millón de pesos) a ciudadanos que protesten contra recortes, luchen contra los desahucios de gente desamparada por el Estado y escalen edificios al estilo Greenpeace.

La norma, que se aplicará a partir del verano de 2014, generó el rechazo de movimientos sociales y partidos de oposición, los cuales la bautizaron como la ley mordaza, la ley anti15M y la ley de la caza de brujas.

Durante los dos primeros años del gobierno de Rajoy se han aprobado numerosas reformas que han supuesto importantes recortes a servicios públicos, educación y sanidad, al tiempo que han proliferado algunos de los casos más graves de corrupción político-empresarial en la historia reciente, en los que están involucrados algunos de los principales dirigentes del Partido Popular (PP) de las últimas dos décadas, incluido Rajoy.

Aumentan las movilizaciones

Con este panorama y con la crisis como telón de fondo, en todo el país se intensificaron las protestas sociales.

Surgieron movimientos, como el de los indignados, la plataforma de Afectados por la Hipoteca o las llamadas mareas ciudadanas que defienden la sanidad, la educación, la minería y a las mujeres maltratadas.

Dicho proyecto pretende acallar esas voces con un nuevo código de seguridad ciudadana, en el que se prevén multas económicas elevadas a pesar de que algunas se redujeron notablemente del primer borrador presentado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien en un primer momento quería sancionar con hasta 600 mil euros a los ciudadanos que convocaran a manifestaciones frente al Parlamento o grabaran y difundieran a policías reprimiendo a manifestantes.

El documento prevé 25 infracciones graves, que se castigarán con multas de 30 mil euros, en las que se incluyen las ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas, a las entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas.

Durante una conferencia de prensa, el ministro Fernández Díaz, político ultraconservador ligado a grupos ultracatólicos como el Opus Dei, lo explicó así: Ofensa es lo que es ofensivo. Y no precisó qué se considerará exactamente ofensivo.

El funcionario evadió las preguntas y contestó con generalidades a los planteamientos de la prensa, la cual sí logró que el Ministerio del Interior especificara que se castigarán acciones como silbar en un desfile de las fuerzas armadas o interrumpir un acto solemne en el congreso de los diputados.

Uno de los asuntos que más indignó a la ciudadanía es que se considerará falta grave, con multa de 30 mil euros, que los ciudadanos participen en actos en los que se intenten impedir desahucios o lanzamientos, como ya es habitual desde el inicio de la crisis económica, que ya dejó a por lo menos 400 mil familias sin hogar por no pagar créditos hipotecarios o rentas.

La nueva ley también pretende acabar con las protestas al estilo de los activistas de Greenpeace, al considerar infracción grave escalar edificios de organismos o instituciones públicas sin permiso.

El proyecto contempla crear un registro central de infracciones contra la seguridad ciudadana, que será una especie de lista negra en la que se incluirá a todos los que tengan antecedentes penales.

La aprobación del proyecto provocó una manifestación espontánea de unas 500 personas, las cuales se expresaron frente a la sede central del PP en Madrid y después fueron a los juzgados de Plaza Castilla para exigir la liberación de 17 jóvenes antifascistas detenidos el pasado miércoles por un supuesto ataque a un grupo de estudiantes de la Universidad Complutense.

En otro asunto, el gobierno de Rajoy autorizó la extradición a Argentina de dos represores de la dictadura franquista: los policías Jesús Muñecas y Juan Antonio González Pacheco, conocidos por los métodos severos y violentos que aplicaron a los opositores políticos.

Por otra parte, una oficina del Partido Popular fue ligeramente dañada por un ataque con dos cocteles molotov, informó ayer la policía del País Vasco. Las autoridades señalaron que el incidente causó perjuicios menores en el frente de las oficinas en la localidad de Barakaldo. No hubo heridos. Ningún grupo se atribuyó el atentado. (Con información de Ap)