León, Gto., 29 de noviembre.

El ex director de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas, Eduardo García Sánchez, fue el operador del fraude de más de 27 millones de pesos en agravio del erario estatal y fue colocado hoy en la lista de los criminales más buscados por la Procuraduría General de Justicia del Estado.

La dependencia solicitó el apoyo de la población para dar con el paradero de García Sánchez, quien registra siete distintos domicilios en Zapopan, Jalisco. La dependencia elaboró un cartel con su fotografía que fue boletinado ante las procuradurías de los estados y a la Interpol.

Se hace un llamado a los ciudadanos para que faciliten información que ayude a detener a este prófugo buscado internacionalmente, difundió en un comunicado el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre.

El gobernador, Miguel Márquez Márquez, reveló hoy que García Sánchez fue el autor intelectual de un fraude millonario cometido en la administración de Juan Manuel Oliva. Vamos tras él, era el operador, comentó y advirtió que no le temblará la mano en aplicar la ley contra los funcionarios y empresarios que violen la ley y atenten contra el presupuesto estatal de los guanajuatenses.

Miguel Márquez aseguró que cuando él fungió como secretario de la Gestión Pública, en la administración 2006-2012, no detectó fraude; yo a este personaje ni lo conocía, no sabía ni quién era.

Añadió que a raíz de que detectaron la compra de 480 megáfonos a precios inflados, con la cual Eduardo García cometió fraude de 1.2 millones de pesos, fue como se descubrió la red de corrupción en torno a la Dirección de Adquisiciones.

En tanto, el juez único penal de la capital del estado fijó una fianza de 27 millones de pesos a los siete empresarios detenidos ayer, acusados de fraude, para que puedan seguir el proceso judicial en libertad.

Carlos Alonso Aguilera Rangel, Laura María Jaramillo Esparza Farías, Melanie Micheline Martínez Burstín Presseq, Clara Torres Vega, Marcela Guiza Bravo, Marco Antonio Rolón García y Roberto Carlos Rodríguez Pardo usaron a las empresas Maedal Comercializadora, Omniprov y Soluciones de Tecnología Avanzada para cometer el fraude entre 2009 y principios de 2013.