San Cristóbal de las Casas, Chis. 28 de noviembre.

Un tribunal federal en Tuxtla Gutiérrez resolvió un amparo a favor de los ejidatarios de San Sebastián Bachajón contra la ocupación de una parte del territorio ejidal por los gobiernos federal y estatal desde febrero de 2011, con la finalidad de imponer un proyecto turístico de clase mundial, señalaron los indígenas afectados.

En la sentencia publicada el pasado lunes 25, el tribunal federal “revocó por ilegal la sentencia de 22 de julio de 2013 emitida por el juez séptimo de distrito con residencia en Tuxtla Gutiérrez, que había declarado improcedente el juicio constitucional interpuesto por los campesinos tzeltales, adherentes a la Sexta declaración de la selva Lacandona, en defensa de sus tierras”, informó Ricardo Lagunes Gasca, representante legal de los indígenas.

En sesión del 14 de noviembre, al resolver el amparo en revisión 274/2013, el tercer tribunal colegiado del vigésimo circuito en la capital chiapaneca otorgó la razón a los indígenas del ejido San Sebastián Bachajón, ubicado en la zona norte de la entidad, quienes defienden sus tierras del despojo gubernamental del estado y federal, perpetrado desde el 2 de febrero de 2011 con la finalidad de controlar su territorio para la imposición de un proyecto turístico. Las tierras cuya devolución reclaman los ejidatarios son también el acceso carretero a las cascadas de Agua Azul, un balneario natural que es visitado cada año por cientos de miles de turistas.

La defensa detalla: “El tribunal consideró que el juez séptimo de distrito, al omitir notificar a la asamblea general de ejidatarios de San Sebastián Bachajón de la demanda de amparo interpuesta de forma sustituta por ejidatarios adherentes a la Sexta, infringió las leyes del procedimiento y dejó en estado de indefensión al ejido quejoso”. Asimismo, el tribunal federal declaró sin valor jurídico el documento exhibido por el comisariado ejidal oficialista de San Sebastián, Alejandro Moreno Gómez, suscrito por él y otros representantes del ejido, con el cual pretendían desistirse del juicio de amparo sin la autorización y conocimiento de la asamblea general.

Es la segunda ocasión que un tribunal federal declara ilegal la sentencia emitida por el juez séptimo de distrito, quien desde la admisión de la demanda de amparo, el 4 de marzo de 2011, se ha conducido sin observar los principios de imparcialidad, independencia y objetividad, favoreciendo en todo momento el despojo a través de decisiones arbitrarias y subjetivas, sostuvo Lagunes Gasca.

“Es lamentable –añade– que después de dos años de haberse interpuesto el juicio de constitucionalidad, no exista a la fecha una determinación que proteja el territorio del pueblo tzeltal de San Sebastián, lo que alienta la impunidad, la violencia y el despojo hacia los pueblos originarios por parte de los agentes estatales y privados”.

Ante la evidente ineficacia del juicio de amparo para proteger el territorio tzeltal, el 26 de mayo de este año fue presentada formalmente la petición del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington. Del mismo modo, la defensa de los ejidatarios solicitó la implementación de medidas cautelares dentro del marco de la petición, para garantizar la integridad territorial del pueblo indígena y la integridad personal de sus defensores, que se colocó en mayor riesgo y vulnerabilidad con el asesinato impune del líder comunitario Juan Vázquez Guzmán el 24 de abril a la puerta de su casa.

El 19 de junio, la CIDH comunicó a los ejidatarios adherentes a la Sexta que había solicitado información al gobierno mexicano sobre el asunto, solicitud que, hasta donde se sabe, no habría recibido aún respuesta.