Madrid, 28 de noviembre.

En solitario, con su aplastante mayoría, pero con todos los partidos de oposición en contra y, lo más importante, con el rechazo de los sectores de la educación pública, el conservador Partido Popular (PP) aprobó la nueva ley educativa. La legislación vigente a partir de hoy representa para sus detractores la vuelta a las aulas franquistas y un paso más hacia la privatización de la educación; para el ministro de Educación, José Ignacio Wert, es un marco jurídico que privilegia la calidad y garantiza la universalidad del sistema.

Con los 182 votos del PP y 143 en contra se aprobó la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), la reforma que más críticas ha despertado y que no ha logrado sumar a nadie, ni siquiera a partidos de ideología conservadora o asociaciones de padres de familia o profesores también de perfil tradicional. Al contrario, la ley, impulsada con puño de hierro por el ministro Wert –el peor evaluado del gabinete de Mariano Rajoy por su gusto por la provocación– dialogó poco y concedió menos a los grupos de oposición y los sectores involucrados en la educación. Así, en sólo dos años en el cargo, ha logrado ponerse en contra a la mayoría de los que han negociado con él: profesores, rectores, sindicatos, personal administrativo, padres de familia, escuelas concertadas, asociaciones de alumnos y hasta consejeros de educación de las autonomías gobernadas por su propio partido.

La ley aspira a transformar el actual sistema educativo para formar alumnos desde la perspectiva de las necesidades de las empresas, con lo que, entre otras cosas, se convierten en asignaturas marginales la filosofía o la literatura. También pretende que la enseñanza de la religión católica sea una materia más, al convertir la asignatura en evaluable y promover el adoctrinamientoen las escuelas.

Es tal la indignación y las críticas que ha despertado la ley, que durante la tramitación ocurrió un hito histórico en el Congreso de los Diputados; todos los partidos de oposición firmaron un acuerdo en el que se comprometen a que en cuanto cambie la mayoría parlamentaria y el PP deje de tener la mayoría absoluta, una de las primeras medidas que impulsarán y aprobarán será la derogación de la Lomce. Por eso muchos diputados advirtieron que esta ley nace muerta.

Desde la perspectiva del nacionalismo vasco, catalán y gallego se añade, además de los criterios educativos y los severos recortes, un factor de ataque a la identidad de cada una de estas regiones. La nueva ley pretende homogeneizar la enseñanza del español en detrimento de lenguas como el euskera, el catalán o el gallego. De hecho, una de las frases más criticados del ministro Wert fue cuando advirtió que su intención era españolizar a los niños catalanes.

El diputado de Amaiur, Mikel Errekondo, sentenció: es la vuelta a las aulas franquistas, y advirtió que esta ley no nos vale, nos es extraña, supone volver 40 años atrás y va en contra de nuestra soberanía, nuestra identidad y nuestra lengua; es una bomba en el corazón de Euskal Herria. De hecho, la mayoría de los partidos nacionalistas advirtieron, en otro gesto inédito y con tintes de rebelión institucional, que en sus respectivas regiones no vamos a acatar esta ley.

La aprobación de la ley vino precedida de una reprobación parlamentaria al ministro Wert, que fue propuesta por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y a la que no acudió el afectado. El dato curioso fue que la vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santamaría, votó por error a favor de la reprobación. Aun así la iniciativa fue rechazada por la mayoría absoluta del PP.

Una vez aprobada la ley, desde las aulas y las plataformas de resistencia a la privatización de la educación se inicia también una nueva etapa de movilizaciones y acciones de rechazo a la nueva normativa. La primera gran marcha se realizará este sábado.