Las indígenas otomíes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio manifestaron su temor de que la Procuraduría General de la República (PGR) apele la resolución de un tribunal que la semana pasada ordenó a la fiscalía federal indemnizarlas económicamente por los daños causados a raíz de su detención por el supuesto secuestro de seis agentes federales.

Tenemos temor de que los agentes y la PGR tomen represalias contra nosotras, dijeron en entrevista, luego de dar su testimonio en el foro Del daño a la reparación, organizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y denunciantes de tortura sexual en Atenco.

No sabemos aún la cantidad que nos darán por el daño (económico), pero no hay reparación al daño emocional y al que fue causado a nuestras familias a causa de nuestra detención.

Ambas fueron arrestadas en marzo de 2006, tras ser acusadas de secuestro, en Querétaro, de seis agentes federales, así como de posesión de cocaína. Ambas fueron liberadas por falta de pruebas en 2010 por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el mismo foro, Tita Radilla, hija del desaparecido luchador social Rosendo Radilla Pacheco, dijo que pese a la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2009, y a los varios años de lucha, “desde que hicimos la denuncia ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado no hay ningún resultado de las investigaciones, que son muy deficientes, porque no hay ni una pista de lo que ocurrió con Rosendo, ni de otros desaparecidos, víctimas de la guerra sucia”.

Agregó que junto con los familiares de 450 desaparecidos en el municipio de Atoyac, y más de 700 en el estado de Guerrero, continuarán con su lucha para saber qué sucedió con ellos.