La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) pidió una explicación al gobierno mexicano por la autorización de proyectos turísticos en el golfo de California que violan las normas de impacto ambiental, la protección de especies en peligro de extinción y la conservación de ecosistemas costeros y los cuales que ya fueron avalados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)

La petición fue presentada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice a nombre de 11 organizaciones locales e internacionales ante la CCA, que se estableció bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Las organizaciones denunciaron “la violación sistemática de la legislación ambiental mexicana en los permisos otorgados a cuatro mega resorts que ponen en riesgo ecosistemas frágiles: humedales, manglares y arrecifes de coral”. Se trata de los proyectos Entremares, Paraíso del Mar, Playa Espíritu y Cabo Cortés, el cual ya fue cancelado en el sexenio pasado.

El secretariado de la CCA determinó que el gobierno de México debe dar, antes del 8 de enero, una respuesta sobre los permisos otorgados, específicamente en lo relacionado con el uso de la mejor información disponible; la evaluación de impactos acumulativos y fragmentación de ecosistemas; la falta de inclusión de medidas precautorias y preventivas, y la omisión en el ejercicio de facultades para suspender obras. 

Además, la CCA requirió información acerca de la aplicación de las resoluciones y recomendaciones de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales de importancia internacional, como los que alberga el golfo de California.

Esta resolución es un gran avance en el derecho nacional e internacional, pues se reconoce a esas disposiciones como parte de la implementación de las obligaciones contenidas en tratados internacionales ratificados por México, dijo Sandra Moguel, asesora legal de AIDA.

En un comunicado explicó que el secretariado reconoció las resoluciones adoptadas por las partes contratantes de la Convención Ramsar que establecen estándares de evaluación de impacto ambiental y protección de humedales.

La administración actual de la Semarnat no debe cometer los mismos errores que sus antecesores y debe realizar una evaluación de impacto ambiental transparente y sin arbitrariedades, sobre todo cuando se trate de proyectos que puedan poner en peligro humedales de importancia prioritaria internacional como Marismas Nacionales y la Bahía de la Paz, dijo por su parte Carlos Eduardo Simental, director de la Red Ecologista por el Desarrollo de Escuinapa.