A seis meses del asesinato de tres de ocho activistas del Frente de Unidad Popular (FUP), de Iguala, Guerrero, las integrantes de la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDI) Érika Zamora Pardo, Yosahdara Vega y María Magdalena López exigieron por segunda ocasión que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga de inmediato la indagatoria respectiva, pues autoridades municipales de la entidad presuntamente están implicadas en los hechos.

Según el testimonio del sobreviviente Nicolás Mendoza Villa, firmado ante el notario público 47 del Distrito Federal, Alfredo Morán Moguel, habrían participado en “forma directa el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y el secretario de seguridad pública (local), en la ejecución de Arturo Hernández Cardona”, ex dirigente regional perredista.

El testimonio ya se envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo donde la RSDI interpuso, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la petición de medidas cautelares 185-13 en favor de los activistas y sus familiares.

Los hechos ocurrieron el 30 de mayo pasado en Iguala, Guerrero, donde se identificaron los cuerpos de Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, militantes del PRD y del FUP, quienes –al igual que Hernández Cardona– tenían impactos de bala y el tiro de gracia.

Al dar a conocer el testimonio referido, demandaron seguridad para los activistas Mendoza Villa y Sofía Lorena Mendoza Martínez; del menor Arturo Hernández Mendoza, así como de Carolina, Reyna y María Soledad, todas de apellidos Hernández Mena, incluyendo al resto de los sobrevivientes de los hechos; de las propias integrantes de la RSDI, y los familiares de todos ellos.

A partir de este día, responsabilizamos al Estado mexicano de la vida e integridad física y sicológica de todos los activistas referidos y propia, indicaron en rueda de prensa en la sede del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Pidieron garantizar la seguridad de defensores pues en la gestión del gobernador Ángel Aguirre han sido asesinados 13 activistas y ningún caso se ha esclarecido.