En una radiografía general de la represión y la violencia en el pasado medio siglo en el país se convirtieron las audiencias transtemáticas del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), capítulo México, cuyo jurado internacional atendió este viernes y sábado denuncias de represión a movimientos sociales y defensores de derechos humanos.

Los casos presentados fueron desde la matanza contra estudiantes de 1968 hasta las agresiones durante la manifestación del 2 de octubre de 2013, pasando por los más de 85 mil muertos y 27 mil desaparecidos de los recientes siete años, reconocidos de manera oficial. En todos se dijo que han predominado impunidad, falta de investigación, enjuiciamiento y castigo de los responsables, por lo que se exigió justicia.

Este domingo, de 18 a 20 horas, el tribunal dará el veredicto preliminar del jurado, integrado por Marcelo Ferreira, de Argentina; Ramiro Ávila Santamaría, de Ecuador; Enrique González Ruiz, Alejandro Álvarez y el padre Miguel Concha, de México, entre otros. El presidente es el francés Phillipe Texier, quien, tras la presentación del caso de Alberto Patishtán por parte de su hijo Héctor, dijo que se trata de una buena noticia en medio de un diluvio de horrores.

Luego de la instalación del tribunal, las audiencias comenzaron la mañana del viernes con la acusación general contra el Estado mexicano por la represión sistemática y permanente contra los movimientos sociales, presentada por el Comité 68, en voz del ex líder estudiantil Félix Hernández Gamundi.

Entre otros, las audiencias del sábado comenzaron con la presentación de los casos de los considerados fraudes electorales de 1988, 2006 y 2012, así como el asesinato de más de 600 activistas de izquierda durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Valentina Peralta denunció el asesinato en 2011 de Nepomuceno Moreno, quien investigaba el secuestro y muerte de su hijo de 17 años en Hermosillo, Sonora, y en los que al parecer estuvieron involucradas autoridades de ese estado vinculadas al crimen organizado. Se proyectó un video en el que Moreno aparece entregando el expediente al entonces presidente Felipe Calderón, en el castillo de Chapultepec.

Durante la exposición sobre la matanza del 68 se planteó que en México hay una política genocida de Estado. Se trata siempre de una represión contra los grupos disidentes. En Tlatelolco no hubo un momento previo de disuasión y se hizo un cerco para que los manifestantes no tuvieran ninguna escapatoria.

Destacaron las denuncias de represión contra movimientos indígenas como los de Atenco, éste por parte de América del Valle, quien dijo que se trató de una venganza de los gobiernos federal de Vicente Fox y mexiquense de Enrique Peña Nieto por echar abajo el proyecto de un nuevo aeropuerto.

También, los casos actuales de las policías comunitarias de Aquila y Ostula, en Michoacán. El pueblo organizó la policía comunitaria porque nadie nos ayudaba ni hacía justicia. Somos gente, ciudadanos, y no crimen organizado. Tenemos un amplio respaldo ciudadano porque hemos logrado expulsar a los delincuentes, dijeron los de Aquila, en un mensaje enviado por conducto del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Michoacán se ha convertido en un laboratorio de guerra selectiva, con la mezcla contradictoria y confusa de la presencia de Ejército, Marina, Policía Federal, estatal y municipales, empresas mineras, tierras y recursos naturales codiciados, infiltración del crimen organizado y una población que es víctima de todo ello, mandaron decir los de Ostula.