uando parecía que la reforma política se reduciría a simples acuerdos para circulación de las élites, a cambio de que los partidos no le hagan ruido a la reforma energética, irrumpió en escena una propuesta elaborada por organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación, de la que forman parte articulaciones tan importantes como el Frente Amplio Social. La propuesta, presentada por la senadora Sansores y los senadores Encinas, Camacho y Barlett, parte de un diagnóstico sobre la situación de la democracia en México, que sintetiza con una afirmación de la Encuesta Latinobarómetro: El caso de México es uno donde la alternancia en el poder no produce un impacto inmediato sobre el apoyo a la democracia, y después de un repunte se produce una pérdida sostenida. En 2013 México ha perdido 12 puntos porcentuales de apoyo a la democracia respecto del promedio 1995-2013 (Informe 2013, p. 19).

Las consecuencias que las organizaciones extraen es que: Lo que se requiere para iniciar la real transformación del régimen político es ir mucho más a fondo: modificar la relación entre el gobierno y la sociedad, a fin de que ésta controle a sus representantes, para que no sólo gobiernen en nombre de ella, sino para que cumplan efectivamente su mandato, supuesto fundamental de toda democracia. Y por ello, para ellas una verdadera reforma política debe contener instrumentos de democracia directa y de democracia participativa, equilibrio de poderes, democracia laboral y derechos políticos plenos para los habitantes del Distrito Federal.

Por lo que se refiere a la democracia directa, proponen, además de la figura ya existente de consulta popular, las de plebiscito, referéndum, iniciativa popular y revocación de mandato. Frente a aquellos que suponen que la relección es la única vía de control del ciudadano sobre sus representantes, para lo cual hay que aguardar hasta las siguientes elecciones, la iniciativa propone un instrumento mucho más eficaz y contundente: la revocación del mandato para quien incumpla la función para la que fue elegido.

Para la democracia participativa, entendida como la intervención de la ciudadanía en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, proponen diversos instrumentos. Uno de ellos llama poderosamente la atención, el consejo económico y social. A diferencia del modelo europeo, que ha dado buenos resultados, pero que es solamente entre patrones, trabajadores y gobierno, la propuesta retoma la experiencia de países latinoamericanos como Brasil, estableciendo que En el consejo económico y social participarán, de manera incluyente y equitativa, trabajadores, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, movimientos, personas de reconocida competencia y liderazgo en sus respectivas áreas de actividad y representantes del gobierno, que puedan discutir, en igualdad de condiciones, las cuestiones fundamentales del desarrollo.

Para el equilibrio de poderes establecen que sea el Congreso, a propuesta del Ejecutivo, el que tenga a su cargo la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, y que la Cámara de Diputados lo evalúe. Con esto los pactos informales serían innecesarios, porque se construirían consensos entre los distintos sectores sociales y, lo más importante, de manera pública y con la participación de la sociedad.

Por lo que hace a la democracia sindical, además de medidas muy importantes para disminuir la inequidad contra las mujeres, proponen la creación de un registro público de sindicatos y de contratos colectivos, que sustituiría a los contratos de protección, cáncer que mina el respeto de los derechos laborales, y el nefasto recurso de control sindical hasta ahora utilizado, conocido como toma de nota. Finalmente, por lo que respecta a los derechos plenos para los ciudadanos del DF, proponen un referéndum en el que los habitantes de la ciudad le demos validez política a nuestra posible Constitución, mediante un proceso constituyente con participación de las diversas formas de organización que conforman el espectro de la sociedad civil, y unos contenidos base para la próxima Constitución. Entre éstos destacan el reconocimiento de los derechos humanos y la demanda de instancias de participación de la ciudadanía en la vida pública. Lo cual tiene sus particularidades, porque el mismo día que se presentó ante el Senado la iniciativa ciudadana de reforma política, el grupo parlamentario del PRD presentó la iniciativa de reforma política para el DF que, dadas las circunstancias políticas de la ciudad, puede considerarse la propuesta oficial.

Entre ambas hay coincidencias, pero también diferencias significativas. La principal es la ausencia en esta última de toda referencia a la participación ciudadana, elemento que en las últimas décadas ha contribuido con mucho a la construcción de la democracia capitalina. No considero que éstas sean insalvables. Bastaría que en la discusión de los órganos parlamentarios se tome muy en cuenta la iniciativa ciudadana, cuando afirma que la futura Constitución de la Ciudad de México Establecerá las instituciones y mecanismos para la más amplia participación ciudadana en los asuntos públicos, tanto en la ciudad como en las demarcaciones territoriales, por medio de instancias deliberativas para la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, la orientación del desarrollo de las comunidades y de la ciudad, y la ampliación de la cultura democrática. Sólo así podremos llegar al feliz momento de la democratización de la ciudad, en el que, como establece la iniciativa ciudadana, una vez concluida la elaboración del texto constitucional de la ciudad de México y aprobado por la Asamblea Constituyente, éste se someterá a referéndum constituyente de la ciudadanía y deberá publicarse inmediatamente.