Chihuahua, Chih., 22 de noviembre.

El gobierno del estado entregó hoy al Congreso local una iniciativa para modificar la Ley de Pensiones Civiles del Estado, lo que permitiría la estabilidad financiera de la institución para los próximos cien años y se garantizaría el retiro de los derechohabientes.

Según el proyecto se aumentará de 28 a 31 años de servicio la jubilación para mujeres y de 30 a 33 para hombres. Asimismo, se daría base a 30 mil 800 empleados que trabajan por contratos, quienes de entrada deberán aportar 12 por ciento de su salario al fondo de pensiones y jubilados, mientras los 15 mil empleados que ya cotizan aumentarán sus cuotas de cinco a ocho por ciento en un periodo de tres años a partir de 2015.

Las modificaciones fueron consensuadas con los gremios de trabajadores del gobierno estatal y de las universidades autónomas de Ciudad Juárez y la de Chihuahua, además de la sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a los que Pensiones Civiles del Estado (PCE) brinda atención.

Riesgo de colapso

El director de PCE, Marcelo González Tachiquín, autor de la propuesta, explicó: si no hubiésemos planeado este nuevo esquema para el sistema de pensiones civiles del estado desaparecería en un periodo de cuatro a cinco años. En las condiciones actuales, el sistema de pensiones se colapsaría económicamente en 2016 cuando se retiren unos 5 mil trabajadores que llegarán al periodo de jubilación, precisó.

Rene Frías, secretario general de la sección 42 del SNTE, dijo que la reforma garantiza las jubilaciones de sus agremiados y la calidad del servicio médico que reciben, especialmente atención médica en hospitales privados.

Bernardina García, secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, dijo que esto acaba con la incertidumbre laboral de miles de empleados públicos que laboran por contratos temporales.

Durante la entrega de la iniciativa de ley al Congreso, que realizó personalmente, el gobernador César Duarte Jáquez destacó que la nueva ley de pensiones civiles del estado permitirá, de entrada, ahorrar mil millones de pesos del presupuesto estatal y destinar esos recursos a obras de infraestructura.

Datos del organismo indican que por cada 10 empleados activos que cotizan en el fondo de pensiones y jubilados, existen cinco personas en esa condición por lo que son insuficientes los casi 3 mil millones de pesos de recursos públicos que se destinan cada año al organismo para cubrir los pagos que deben realizarse a quienes ya no laboran ni aportan.

Actualmente PCE da cobertura a 12 mil jubilados y a menos de 25 mil trabajadores activos afiliados, quienes con sus familiares hacen una base de 67 mil asegurados.

La reforma plantea revertir ese esquema con la incorporación de 30 mil 800 nuevos asegurados elevando a 55 mil el número de empleados activos y 12 mil jubilados. Esta proporción pretende mantenerse a largo plazo para reducir el déficit de 130 mil millones de pesos que representan los pasivos de la institución, equivalente a 2.5 veces el presupuesto total del estado en un año, que este ejercicio fiscal asciende a 50 mil millones de pesos.