El negocio comenzó a florecer durante el gobierno del ex presidente Vicente Fox. Eran los tiempos en que la entonces líder del magisterio, Elba Esther Gordillo Morales, ahora presa, tenía abierta la puerta de Los Pinos. De inicio de la década pasada datan los primeros contratos entre la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y empresas financieras no reguladas por la autoridad que han endeudado a los profesores con préstamos garantizados por la nómina a un punto tal que el gobierno federal intervino el jueves con un programa para restructurar esa cartera de crédito, valorada oficialmente en 5 mil millones de pesos.

Surgido al amparo de la falta de regulación y las influencias políticas, el negocio de otorgar préstamos garantizados con la nómina de trabajadores del sector público creció hasta convertirse en un factor de inestabilidad para las finanzas de cientos de miles de empleados públicos, principalmente del magisterio, que destinan hasta dos tercios de su ingreso a pagar las deudas, proporción que supera toda recomendación sobre el buen manejo de las economías personales.

La industria de préstamos de nómina, en la que participan desde grandes corporativos hasta empresas que guardan relación con dirigentes del magisterio, opera en una delgada línea de legalidad. Los contratos firmados por las compañías otorgantes de préstamos y la dirigencia del sindicato magisterial abren la puerta para que el patrón de los profesores, el gobierno federal, actúe como retenedor de los abonos quincenales por el crédito y los entregue al acreedor, práctica que se aparta de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Un contrato en poder de La Jornada, firmado el 24 de agosto de 2004 entre Gordillo Morales y Sergio Chedraui Eguía, representante legal del Grupo Chedraui, que opera una compañía de préstamos garantizados por la nómina llamada Consupago, estipula que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se obliga a gestionar ante las dependencias la entrega a Consupago de las claves de descuento en nómina correspondientes a los agremiados.

La legislación laboral para los trabajadores del sector privado y los que están al servicio del Estado señala que los descuentos por nómina sólo podrán ser hechos en un monto que no supere 30 por ciento del salario y sólo en caso de deudas contraídas por el trabajador con el Estado por anticipo de salarios, pagos hechos en exceso, cobro de cuotas sindicales, aportaciones a cooperativas o cajas de ahorro; créditos con organismos públicos de vivienda, pensiones alimenticias ordenadas por un juez o préstamos de los fondos de vivienda.

La Asociación Mexicana de Empresas de Nómina, que reúne a 16 sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes), varias de las cuales dan préstamos a trabajadores del sector público, argumenta que los cobros son legales, dada la existencia de un contrato mercantil en el que el trabajador autoriza a su empleador, el gobierno federal en el caso de los profesores, a hacer el descuento.

Este viernes, la AMDEN dijo en un comunicado que respaldaba el programa anunciado por el gobierno el jueves. Sólo estamos a la espera de conocer los detalles, dijo en un comunicado Gustavo Martín del Campo, presidente de ese organismo.

Las empresas afiliadas a la AMDEN son: Condinero, Consupago, Crédito Real, Crediamigo, Credifiel, Crédito Maestro, Más Nómina, Exitus Nómina, Financiera Fortaleza, Credifácil, entre otras.