l 10 de octubre pasado, cuando se dio a conocer la sanción por 7 mil 791.3 millones de pesos y la inhabilitación por 20 años para ocupar cargos públicos que aplicó la Contraloría General del estado a Marcelo de los Santos, el panista se sumó a la lista de ex gobernadores perseguidos por corrupción.

Siete semanas después, lo que parecía un golpe demoledor contra el único gobernador panista que ha tenido el estado se disolvió, cual maniobra mediática efectista.

Semanas antes de concluir su mandato, en 2009, De los Santos Fraga solicitó un crédito de mil 500 millones de pesos para reponer fondos que utilizó en obras suntuarias y que pretendía cubrir con apoyos federales extraordinarios.

Al no llegar esos recursos, contrajo la deuda sin dificultad alguna, pues los panistas controlaban el Congreso. Al término de su mandato, De los Santos dijo que dejaba 561 millones de pesos a la administración del priísta Fernando Toranzo.

La versión oficial es que la deuda fue pagada en noviembre de 2010 con un refinanciamiento del crédito; sin embargo, Toranzo se ha negado a detallar en qué se usó.

La sanción fue suspendida por el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo, tras ser impugnada por De los Santos, lo que abre un largo litigio y la posibilidad de que el caso caiga en el olvido.

El hecho de que no se actúe en forma contundente contra ningún otro implicado hace aparecer la multimillonaria multa como un juego politiquero que nada tiene que ver con salvaguardar el patrimonio de los potosinos.