Tijuana, BC, 20 de noviembre.

El valle no se toca y se respeta, aseguró el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, interrogado sobre el conflicto por el posible cambio de uso de suelo en el Valle de Guadalupe, donde operan un centenar de viñedos industriales y de productores artesanales.

El gobernador panista advirtió que las modificaciones realizadas el 7 de noviembre, en una sesión nocturna del cabildo de Ensenada, no se publicarán en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

En esa ocasión, la mayoría de los regidores aprobó cambiar el uso de suelo de la zona norte de Ensenada, con el voto en contra de la regidora panista Carmen Iñiguez Casanova y la abstención del alcalde priísta, Enrique Pelayo Torres.

Kiko Vega anunció además que buscará mantener estrecha coordinación con el alcalde electo de Ensenada, el priísta Gilberto Antonio Hirata, para impedir que se altere la vocación vitivinicultora de la región.

Hirata, originario del Valle de Guadalupe, dijo por separado que una de sus primeras acciones en cuanto asuma la presidencia municipal, el primero de diciembre entrante, será buscar la abrogación de los cambios al uso de suelo en la región vitivinícola y garantizar la disponibilidad de agua de riego.

Impiden servicio de limpia

Los conflictos económicos entre el gobierno municipal y el sindicato de burócratas de Ensenada impiden que éstos recojan cientos de toneladas de basura. Ayer por la tarde, trabajadores municipales bloquearon la salida de camiones recolectores.

Los empleados sindicalizados iniciaron el viernes pasado una huelga de brazos caídos porque no les depositaron sus salarios. A pesar de que ya les pagaron, advirtieron que sólo regresarán a sus actividades si el alcalde Pelayo Torres les paga un bono de buena disposición que asciende a casi cuatro millones de pesos.

En un predio ubicado en el centro de Ensenada, que alojaba talleres municipales, los burócratas dijeron tener órdenes de su líder, Ricardo Medina Fierro, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de impedir la salida de los camiones recolectores. Hasta la noche del miércoles mantenían guardias para evitar madruguetes de las autoridades.

El ayuntamiento de Ensenada también enfrenta restricciones para depositar los desechos en el relleno sanitario, debido a que adeuda seis mensualidades a la empresa Promotora Ambiental.

(Con información de Nicté Madrigal / Especial para La Jornada)