Diversas organizaciones solicitaron al Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) enjuiciar y condenar al Estado mexicano por incurrir en políticas que afectan la soberanía alimentaria, intentar arrebatar el maíz a sus productores originales, beneficiar a las grandes corporaciones, promover el uso de semillas trasgénicas y debilitar la vida, el desarrollo y los territorios de las comunidades originarias.

Durante la audiencia temática Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía –que inició ayer y concluirá este jueves con la resolución y fallo del jurado–, se presentaron varios casos ante el TPP donde el común denominador es la estrategia que han seguido las autoridades mexicanas para favorecer que la agroindustria se apodere de la producción y el mercado de la semilla.

Al presentar las acusaciones contra el Estado mexicano, Ramón Vera, de la Red en Defensa del Maíz, destacó que más de 70 por ciento de la comida que se consume en el mundo es producida por los sectores comunitarios que no están relacionados con la agroindustria. Por ello, agregó, las corporaciones, con el apoyo de los gobiernos de muchos países, desean arrebatar la producción y los territorios a los campesinos.

En el caso de México, de acuerdo con los censos oficiales, 50 por ciento de la producción nacional de maíz proviene de los llamados cultivos de subsistencia, de territorios indígenas y de campesinos que no producen a gran escala.

El activista resaltó que cuando estas empresas tengan el dominio de los alimentos y desaparezcan la producción independiente, podrán tener el control de la cadena alimentaria y las personas se verán imposibilitadas para resolver por medios propios su subsistencia.

Acuerdos multinacionales como el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, las leyes en favor del empleo de productos trasgénicos o que favorecen los cambios de uso de suelo para explotación o para que les sean arrebatados a pobladores indígenas, son las estrategias jurídicas que han seguido los gobiernos para aliarse a estas corporaciones.

Es tal la devastación de las industrias contra la tierra y el medio ambiente, sostuvo Vera, que 26 por ciento del territorio mexicano está concesionado a mineras y, a escala mundial, la agroindustria acapara 10 millones de hectáreas y utiliza 176 millones de toneladas de fertilizantes sintéticos que generan perjuicio a 75 millones de toneladas de suelos, valuados en 400 mil millones de dólares al año.

Por ello, se solicitó al jurado del TPP señalar al Estado mexicano como responsable de implementar un sistema jurídico que abre margen de maniobra a las empresas y obstruye la consecución de justicia para los pueblos; de privilegiar a las trasnacionales y castigar los esfuerzos productivos de pequeños y medianos productores de alimentos; de permitir la privatización y acaparamiento de los recursos nacionales; de promover la erradicación de la agricultura independiente y de la soberanía alimentaria, entre otros.

El TPP es una instancia ética internacional que examina casos de violaciones a los derechos fundamentales en el mundo.

Fue creado por personalidades como Jean Paul Sartre, Bertrand Russell, Lázaro Cárdenas, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, entre otros, para demandar que se detuviera la guerra en Vietnam y el fin a las dictaduras en Sudamérica. En 1979 el TPP amplió sus objetivos para ocuparse de crímenes de lesa humanidad. Si bien sus resoluciones no son vinculatorias, se han convertido en referente para colocar en la conciencia pública internacional violaciones graves a los derechos humanos.

Para esta audiencia sobre maíz y soberanía alimentaria el jurado está integrado por Philippe Texier, de Francia; Marcelo Ferreira y Andrés Carrasco, de Argentina; Antoni Pigrau Solé, de España; Camila Montesinos, de Chile; Pet Moony, de Canadá; Luis Macas, de Ecuador; Joel Aquino, Gustavo Esteva y Jean Robert, de México.