Moscú, 19 de noviembre.

A cuentagotas, la justicia rusa está dejando en libertad bajo fianza a los activistas de Greenpeace, acusados primero de piratería y después, tras revisar el absurdo cargo, de vandalismo por protestar contra la extracción de hidrocarburos en el Ártico.

Ayer salieron de prisión preventiva tres ciudadanos rusos: la médica Ekaterina Zaspa, el vocero Andrei Allajverdov, y el fotógrafo Denis Siniakov. En cambio, al australiano Collin Rusell, encargado de las comunicaciones por radio del barco Arctic Sunrise, se le extendió la prisión preventiva hasta el 24 de febrero de 2014.

Con esos precedentes, el juez siguió hoy examinando las solicitudes y concedió la libertad bajo fianza a los primeros extranjeros, entre activistas y miembros de la tripulación. Apenas se depositen los dos millones de rublos (cerca de 60 mil dólares) fijados para cada uno, saldrán de la cárcel la brasileña Ana Paula Alminhana Maciel, el neozelandés David John Haussmann, los argentinos Camila Speziale y Miguel Hernán Pérez Orsi, el polaco Tomasz Dziemianczuk, el italiano Cristian D’Alessandro, el canadiense Paul Ruzycki, el francés Francesco Pisanu y la finlandesa Sini Saarela.

Es de suponer que no hay razón para no favorecer con esta medida a la mayoría de los 30 detenidos por el fallido intento de abordar, el 18 de septiembre anterior, la Prilazlomnaya, primera plataforma de perforación costa afuera que tiene en el Ártico el consorcio ruso Gazprom, para colgar una manta, como suele hacer Greenpeace, advirtiendo el riesgo de causar un daño irreparable al medio ambiente por extraer hidrocarburos en esa región.

Algunos, como ya pasó con Rusell, permanecerán en prisión preventiva como suerte de rehenes, pero hay indicios de que está próxima a acabar la amarga experiencia de los miembros de Greenpeace en Rusia.

La primera señal en ese sentido se dio el 12 de noviembre, cuando se trasladó a los detenidos de Murmansk a San Petersburgo, seguida de una visita de Mijail Fedotov, presidente del consejo de derechos humanos adjunto a la presidencia de Rusia.

Pese a las numerosas peticiones de personalidades de distintos ámbitos y países, así como a las acciones en favor de su libertad que se están dando en todo el mundo, el Kremlin se niega a poner en libertad a los activistas de Greenpeace, pero tampoco puede mandar a la cárcel durante años a los ecologistas por vandalismo.

Al mantenerlos unos meses en prisión preventiva y sujetos a juicio en libertad bajo fianza, como escarmiento, dice un experto que ha seguido el caso, Rusia –para salvar la cara por su intolerancia– va a demostrar en un juicio la culpabilidad de los 30 ecologistas y les impondrá como castigo, sin pena de prisión, una fuerte multa.

Tampoco se excluye que queden en libertad si son incluidos entre los favorecidos por la amnistía que se está preparando con motivo del vigésimo aniversario de la Constitución rusa, el 12 de diciembre siguiente.