Desde que el Congreso del estado de Arizona impulsó la ley SB1070, que criminalizaba al migrante por su color de piel, al menos 36 estados más de Estados Unidos consideraron aprobar leyes similares. En 20 de estos casos, los congresos respectivos descartaron en 2011 la implementación de medidas restrictivas para los migrantes latinos, debido al costo de su implementación, posibles demandas judiciales y afectaciones económicas.

De acuerdo con el informe del Consejo Nacional de la Raza (NCLR, por sus siglas en inglés), sólo Utah, Indiana, Georgia, Alabama y Carolina de Sur aprobaron legislaciones inspiradas en la llamada ley Arizona, mismas que fueron impugnadas por diferentes grupos de la sociedad organizada y apoyados por el gobierno de México en el carácter de Amicus Curiae (amigo de la corte), han conseguido echar abajo los artículos que más agravian a los migrantes. Esto ha impedido que sean aplicadas en su totalidad.

Un ejemplo reciente es la suspensión definitiva en marzo de algunas secciones de la ley SEA 590 de Indiana, las que de haber sido aprobadas hubieran afectado los derechos civiles de los migrantes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que esas secciones hubieran acarreado sanciones por el uso cotidiano de la matrícula consular como prueba de identidad. Precisó que esos documentos son emitidos por el gobierno de México con altos estándares de seguridad y con base en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, de la cual son parte 173 países, incluidos México y Estados Unidos.

A estas acciones judiciales se han sumado Brasil, Colombia, El Salvador y Guatemala, y ha representado un primer paso para suspender la aplicación de las secciones más controversiales de leyes similares. Sin embargo, en el caso de la ley impulsada en Indiana, fueron aplicadas disposiciones que penalizan a los empleadores estatales que contraten a inmigrantes indocumentados.

Existe división entre republicanos

En el texto titulado La estrategia equivocada: leyes estatales antinmigrantes en el 2011”, del Consejo Nacional de la Raza, se explica que pese a que la legislación antinmigrante fue promovida por miembros del Partido Republicano, la mitad de los estados que rechazaron tales legislaciones estaban controlados por republicanos, incluyendo dos tercios donde tenían súper mayoría legislativa.


Dato relevante si se recuerda que la división persiste aún antes de que se debata la reforma migratoria que propuso el presidente Obama. Esto indica que si bien el movimiento antinmigrante ha logrado avances dentro del Partido Republicano, los republicanos están divididos sobre las implicaciones de leyes antiinmigrante al estilo de Arizona.

Ya en la década de los 90 se empezaron a aplicar leyes en Estados Unidos con un carácter que criminalizaba a la migración, como la ley 187, del estado de California, que negó a los inmigrantes servicios médicos o educación pública, entre otros.

La ley Arizona permitía la detención por el color de piel o la sospecha de que determinada persona carecía del estatus legal.