Especialistas en derecho que fueron consultados acerca de la viabilidad de que se conceda la facultad de investigación a las fuerzas armadas mostraron visiones encontradas.

Algunos consideran positiva la creación de un marco jurídico que permita que los resultados de labores de inteligencia que ya realizan el Ejército y la Secretaría de Marina se consoliden en instrumentos de utilidad para el Ministerio Público, y otros advirtieron que autorizar esas tareas derivará en actuaciones violatorias de derechos humanos.

El abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana, ex defensor del general Tomás Ángeles Dauahare, y José Luis Prado Maillard, director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), se manifestaron en favor de que el Congreso otorgue facultades en ese sentido a las instituciones castrenses.

Desnaturalizaría función del MP

El doctor en derecho Clemente Valdés Sánchez, el abogado Leonel Rivero y el ex fiscal de combate a la delincuencia organizada Samuel González Ruiz consideraron que una reforma de ese tipo desnaturalizaría la función del Ministerio Público y se rompería la cadena de mando.

Prado Maillard sostuvo que deben tener facultad de investigación, “porque en México vivimos una realidad que nadie puede negar debido a la violencia que ejercen los grupos criminales, y en ese contexto, las fuerzas armadas cuentan con información privilegiada que obtienen mediante acciones de inteligencia, y sería positivo que esos datos se transformaran en líneas de actuación por parte del Ministerio Público (MP).

Lo anterior, sin que el MP pierda las suyas, y que la información obtenida por las fuerzas armadas tenga valor jurídico en los juicios contra los grupos del crimen organizado, principalmente. El asunto es resolver la problemática y que se fortalezca la actuación de las instituciones que mejores resultados han tenido en estos últimos años, señaló el director de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL.

Reyes Retana consideró que la petición del secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, es coherente con las necesidades del país, porque las fuerzas armadas ya realizan labores de inteligencia, y ahora se les debe dotar de facultades para que los datos que obtienen puedan utilizarse en averiguaciones previas con valor probatorio. Esa facultad no viola los derechos humanos de ninguna persona, toda vez que es más violatorio de garantías la deficiente y autoritaria integración de expedientes sin sustento por parte de cualquier autoridad, dijo el litigante.

En contra de la autorización solicitada, el abogado Leonel Rivero expresó: desnaturalizaría la función del Ministerio Público, además de que en principio las fuerzas armadas no están capacitadas para realizar tareas de investigación y la doctrina militar se basa en el exterminio del enemigo, no en su detención. La facultad de investigar no se les debe otorgar siquiera de manera limitada. Las fuerzas armadas ya son coadyuvantes del Ministerio Público, y así deben continuar.

En tanto, el jurista y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México Clemente Valdés señaló: “tal vez porque la Constitución se modifica hasta cinco veces cada año, a muchos no les importe un cambio como el solicitado por el secretario de la Defensa Nacional, pero debe analizarse a la luz de si es necesario o conveniente para la sociedad, y ese tipo de acciones sólo ocurren en regímenes totalitarios.

No se puede considerar que porque las policías del país no están capacitadas, los militares lo están para llevar a cabo tareas que corresponden al Ministerio Público, y que se dote de esa facultad a la milicia no significa que el país vaya a cambiar de un momento a otro; la investigación criminal no es una de las funciones de un Ejército.

Samuel González Ruiz, quien fue encargado de la unidad responsable de combatir la delincuencia organizada de 1996 a 1998 en la Procuraduría General de la República, afirmó: “no puede ser, porque se viciarían los principios de los derechos humanos; puede coadyuvar a la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos, o bien, ser, como lo es actualmente, una fuerza armada.

En todo caso, si requieren mayor protección para las actividades que realizan, se debe encontrar el esquema adecuado de coadyuvancia, como ocurrió en Francia, que cuando sacó al ejército a la calle y participaba en la investigación de un delito, los soldados siempre iban acompañados y sujetos a la autoridad de MP.

Ante el cúmulo de abusos, la Coridh recomendó reforma al código de justicia castrense, recuerdan

Fernando Camacho Servín

Aceptar la modificación del marco legal para permitir que las fuerzas armadas realicen tareas de investigación y seguridad pública equivaldría a darles una carta de impunidad y extender la serie de violaciones de derechos humanos que han cometido los soldados y marinos desde que se declaró la guerra contra el crimen organizado, en el sexenio de Felipe Calderón, advirtieron integrantes de organizaciones sociales.

Antonio Lara, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, afirmó que en los hechos el Ejército Mexicano está pidiendo una carta de impunidad, sin tomar en cuenta el amplio historial de abusos que tiene en su haber.

La cantidad de violaciones a las garantías individuales cometidas por las fuerzas castrenses, recordó el activista, incluso llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a exigir que se reforme el Código de Justicia Militar, para que cualquier delito cometido por un soldado en contra de un civil sea conocido únicamente por la justicia ordinaria.

La intervención del Ejército en tareas de seguridad pública, enfatizó Lara, ha provocado una auténtica tragedia nacional, y en vez de reconocer esa situación y tomar medidas para resolverla, el Estado parece estar optando por dar impunidad total a una institución cuyo ámbito no es la seguridad pública.

Si el Ejército considera que el país se encuentra en un estado de guerra, entonces que haya una declaración oficial y se recurra a los estándares internacionales del caso, pero no es así porque lo que quieren las autoridades es seguir torturando, desapareciendo y violando personas con el pretexto de la seguridad pública, con un daño incalculable para la población, lamentó.

Luis Jorge de la Peña, coordinador de investigación y análisis del colectivo Asilegal, consideró que ampliar las facultades de las fuerzas armadas sería como echar gasolina al fuego, tomando en cuenta que el Ejército y la Marina son instituciones seriamente cuestionadas por su falta de respeto a las garantías básicas.

El etnólogo recordó que según informes de Amnistía Internacional, en el sexenio de Felipe Calderón hubo 7 mil 500 denuncias de abusos cometidos por soldados, de las cuales los juzgados castrenses resolvieron sólo 27.

“Eso nos habla de la calidad de la justicia militar; en ese sentido, permitirle que tenga facultad de investigación es seriamente cuestionable. Más que luchar contra el narco, el Ejército lucha contra los opositores al gobierno en turno. Esa es una política que trasciende los sexenios y a los partidos políticos”, aseveró.