l gobierno mexicano posee gran experiencia para encubrir frente a la comunidad internacional, la realidad laboral y gremial que opera en nuestro país. Hacia afuera, ostenta tener una legislación avanzada así como asumir los compromisos adquiridos a través de convenios y acuerdos que en realidad no se cumplen. Hacia adentro, consciente y promueve un modelo laboral autoritario, orientado a favorecer las exigencias del sector empresarial manteniendo prácticas que violan los derechos fundamentales de los trabajadores, entre ellos el de sindicación, contratación colectiva y acceso a una justicia laboral imparcial.
Frente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo especializado de las Naciones Unidas, la posición gubernamental es cada vez menos cómoda. Nuestro país es miembro de esa organización desde el 12 de septiembre de 1931; a partir de esa fecha se han ratificado cerca de 80 convenios y ha logrado ocupar cargos diversos en su administración, incluso formar parte de su Comité de Libertad Sindical. Para encubrir la contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, autoridades mexicanas se han apoyado en el carácter tripartito de la OIT. La representación gubernamental, la de los sindicatos corporativos y la del sector empresarial han hecho causa común, en virtud de que son beneficiarios de este modelo que busca en esencia mantener a los trabajadores inmovilizados en condiciones de indefensión y sujetos a un costo laboral bajo; para ello, operan los contratos colectivos de protección patronal, celebrados al margen de la voluntad de los trabajadores, que abarcan ya 92% de los centros de trabajo, impidiendo toda posibilidad de un diálogo social verdadero.
La estrategia de encubrir la realidad mexicana que parecía imbatible –incluso la propia OIT se había acomodado un tanto a ella–, con los años ha resultado cada vez más difícil mantenerla. Varios factores han coadyuvado para lograr ciertos cambios: el proceso de globalización, la apertura comercial, la recomposición del movimiento sindical internacional, la creciente degradación de las centrales mexicanas corporativas, la burda actuación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en conflictos como el de los mineros, electricistas o del sector aéreo, y el ínfimo salario mínimo de 5 dólares diarios. Todo ello aunado al reciente número de quejas presentadas por distintos sectores, ha venido resquebrajando, si bien lentamente, la estructura tradicional y el cerco oficial a la información.
Uno de los factores que han coadyuvado al cambio es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde 1994. Por este motivo, se crearon redes trinacionales integradas con miembros de la sociedad civil, que permitieron exhibir el verdadero rostro del modelo laboral mexicano, no el que maquilla el gobierno con interlocutores a modo o en conferencias donde se habla de todo menos de los problemas reales.
La OIT parece formar también parte del cambio, favorece a ello la presencia de un calificado sindicalista en su dirección, Guy Ryder. Por su experiencia, Ryder conoce bien la importancia que tiene el sindicalismo auténtico y decente, un sistema de negociación colectiva con la participación de los trabajadores, así como árbitros confiables que impartan justicia; todo ello, para lograr condiciones de equidad y desarrollo productivo estable. El tema no es incluir en las leyes más conceptos sin eficacia real, sino que ésta se practique en los centros de trabajo para elevar los niveles de decencia y congruencia.
Entre las innumerables quejas presentadas ante la OIT, denunciando la ilegalidad instalada como práctica cotidiana en nuestro país, está la 2694 promovida por la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, denominada hoy IndustriALL, con el apoyo de la Central Sindical Internacional (CSI), cuyo primer dirigente fue el propio Guy Ryder, en unión con algunas organizaciones nacionales, los sindicatos de telefonistas, mineros, universitarios de la UAM y del Frente Auténtico del Trabajo. La queja pone particular énfasis en los vicios clave del sistema laboral mexicano, no se reduce a un caso concreto sino que exhibe los obstáculos insalvables que sufren los trabajadores, destacando la contratación colectiva suscrita al margen de la opinión de los trabajadores y la subordinación de la justicia laboral.
El gobierno mexicano ha pretendido sorprender a la OIT al dar respuesta a esa queja. En una primera etapa, negó con cinismo la existencia de los contratos de protección patronal, cuando en otros foros reconocía su existencia, y acudió al viejo recurso de presentar alegatos formales sosteniendo que los vicios denunciados no eran posibles, puesto que no estaban contemplados en la ley. En la última etapa, ha sostenido que la reforma laboral de fines de 2012, resolvió en buena medida los problemas planteados por los quejosos, cuestión falsa, puesto que dicha reforma no resolvió el tema de la firma de los contratos colectivos a espaldas de los trabajadores, ni el carácter parcial de la justicia. En sentido contrario a lo afirmado por el gobierno, en el proceso legislativo se negó toda posibilidad de que estas juntas fueran sustituidas por jueces imparciales y que los trabajadores fueran consultados antes de la firma de los contratos colectivos de trabajo. Este segundo tema, que fue incluido inicialmente en el artículo 388 bis de la Ley Federal del Trabajo, fue frenado por el gobierno, que impuso la consigna de votar en contra del mismo, aún cuando ya había sido votado favorablemente por la mayoría en el Senado.
Ante la exigencia del Comité de Libertad Sindical para generar un diálogo con las organizaciones querellantes, el gobierno ha sostenido que dicho diálogo se viene cumpliendo, aún cuando jamás las ha convocado para tratar específicamente los temas que la queja plantea. Habría que admitir, positivamente, que el Comité de Libertad Sindical de la OIT no ha caído en el juego gubernamental, lo que demuestra que el viejo maquillaje utilizado por el gobierno empieza a desgastarse. Ya no surte el mismo efecto de antes.
