s muy probable que Michelle Bachelet sea por segunda vez presidenta de Chile. La derecha pinochetista ha terminado haciéndose el harakiri político al designar a Evelyn Matthei. Su nombramiento, además de procedimentalmente cuestionable tras el affaire protagonizado por un deprimido Pablo Longueira y un decepcionado Andrés Allamand, permite sacar los trapos sucios de la candidata, cuestión que la deja en muy mal lugar. Su currículum político no da el aprobado. Un handicap difícilmente superable en campaña electoral. Esta vulnerabilidad adquiere mayor relevancia cuando su apellido se encuentra ligado a crímenes de lesa humanidad cometidos por su padre durante el tiempo que fue miembro de la Junta de Gobierno. Actos de los cuales Evelyn Matthei se ufana, al ponerlos en el haber de un Chile globalizado. Tales consideraciones han generado rechazo entre aliados internacionales que no ven con buenos ojos su designación. La sombra de Allamand es alargada y se proyecta sobre la figura de Matthei. En este contexto, no hay que ser avisado analista para vaticinar el triunfo de Michelle Bachelet. Lo que se discute es si lo hará en primera o segunda vuelta. Lo cual da un respiro a Nueva Mayoría, sabiendo que por su izquierda tiene candidaturas que no lograrán alterar el resultado final y cuya presencia, políticamente intachable, no le disputará votos.

La Concertación, casi moribunda, ha sido rescatada por el Partido Comunista, en un intento, cuestionable o no, de romper su presencia marginal en las instituciones políticas locales y el Parlamento, producto del sistema electoral binominal y los amarres de la transición.

En estas elecciones el dilema no es saber quién ganará, sino cómo gobernará Nueva Mayoría, y si los acuerdos y la palabra dada al Partido Comunista por la Democracia Cristiana, el PPD, los socialistas y el resto de la familia concertacionista será papel mojado. En otros términos, si la voluntad política de los integrantes de la Concertación prefiere mirar a su izquierda o, por el contrario, mantener los pactos constituyentes con Renovación Nacional, UDI y las fuerzas armadas entre 1988 y 1989.

Lamentablemente, la forma de actuación política de los partidos citados, en el siglo XX y lo que va del siglo XXI, se ha caracterizado por la traición en pro de beneficios espurios de corto plazo. Sirva como ejemplo la actitud de la Democracia Cristiana durante el gobierno de la Unidad Popular o del partido radical y una parte del partido socialista en 1949, que unieron fuerza con la derecha para ilegalizar al Partido Comunista durante el gobierno de Gabriel González Videla. Hecho que inauguró la edificación de campos de concentración, donde un jovencísimo oficial, Augusto Pinochet, sería nombrado comandante en Pisagua.

La disyuntiva, si se quiere construir en Chile una sociedad realmente democrática, asentada en valores republicanos que garanticen un mínimo de justicia social, pasa por convocar de un proceso constituyente. Cuestión que puede ser asumida por la concertación e incluso un sector de la derecha, específicamente Renovación Nacional. Hoy es un fruto maduro. La sociedad civil lo demanda. Sin embargo, la correlación de fuerzas, salvado el escoyo de la convocatoria, parece decantarse por los mismos principios neoliberales y conservadores que rigen la actual constitución pinochetista. Lo cual no hace albergar grandes esperanzas de cambio.

Pero si el proyecto constituyente se mueve en la incertidumbre de su contenido, las tareas pendientes de hondo calado, poner fin a la espuria ley de amnistía de 1978 que mantiene en la impunidad a torturadores civiles y militares, derogar la ley antiterrorista pinochetista de 1982 que legitima la violación de los derechos humanos y territoriales del pueblo mapuche, hay que añadir una política de recuperación de las riquezas básicas y una apuesta seria por una educación pública de calidad, visto el fracaso del proyecto educativo neoliberal. No menos importante es articular una política tributaria progresiva. Y en este pliego de cuentas pendientes está acabar con el duopolio de la prensa en manos de El Mercurio y Copesa. Chile debe reconocer las sentencias del Ciade y el Banco Mundial y pagar la indemnización a Víctor Pey, legítimo dueño de Clarín. Hasta ese momento no existirá libertad de prensa en Chile.

En conclusión, está por ver la capacidad del Partido Comunista para lograr que la Concertación gire a la izquierda. De no conseguirlo, habrá hipotecado su credibilidad y deberá muchas explicaciones, la que hoy piden a Camila Vallejo, que ha pasado de negar su apoyo a la candidata Michelle Bachelet a convertirse en su mano izquierda.