El gobierno de México debe asegurar que el proceso para crear una base nacional de datos sobre desaparecidos sea exhaustivo, eficiente y transparente, con base en investigaciones rigurosas mediante las cuales se logre determinar el paradero de las víctimas, señaló Human Rights Watch (HRW).

En un comunicado, la organización de derechos humanos recordó ayer que en febrero de este año el gobierno federal anunció que estaba revisando una base de datos de más de 26 mil personas denunciadas como desaparecidas o extraviadas, dada a conocer por la Procuraduría General de la República.

Sin embargo, las propias autoridades admitieron que muchos de los nombres registrados en dicha base de datos probablemente serían eliminados. La lista original, indicó HRW, presenta problemas significativos, como incongruencias y datos incompletos, y no incluye los nombres de numerosas personas cuya desaparición ha sido denunciada.

El gobierno de Peña Nieto dio un paso importante al reconocer la magnitud de la crisis de los desaparecidos. Ahora tiene que cumplir su promesa de elaborar un registro confiable y completo, que deberá ser complementado con investigaciones serias para buscar a los desaparecidos y llevar a los responsables ante la justicia, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

En su informe Los desaparecidos de México: el persistente costo de una crisis ignorada, el colectivo documentó que miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas participaron en desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada en el contexto de la guerra contra el narcotráfico ordenada por el entonces presidente Felipe Calderón, entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012.

Además de lo anterior, la investigación de los casos estuvo marcada por una grave falta de diligencia o directamente por la ausencia absoluta de medidas en este sentido, advierte.

En muchos casos, los funcionarios desperdiciaron tiempo crucial al indicar a los familiares que debían esperar varios días para poder radicar la denuncia sobre desaparición; les sugerían que ellos mismos intentaran recabar evidencias y señalaron sin fundamento que las víctimas estaban vinculadas con la delincuencia organizada.

En los asuntos en que las autoridades iniciaron investigaciones, con frecuencia no adoptaron medidas básicas, como entrevistar a testigos. De igual manera, HRW comprobó que uno de los factores que obstaculizan la búsqueda de los desaparecidos y la identificación de los responsables es la falta de coordinación entre las distintas autoridades y la no existencia de un sistema nacional que permita buscar información sobre el tema, alertar a la policía o hacer búsquedas en hospitales, cárceles y otras instituciones.