Un juez federal dictó anoche auto de formal prisión en contra de Elba Esther Gordillo Morales por presunta defraudación fiscal equiparada de 2 millones 199 mil pesos, luego de 24 horas en las que desahogó diversos testimoniales que tenía pendientes en acatamiento a la orden de un magistrado federal.

La formal prisión le fue notificada a la ex lideresa magisterial a las 19:45 horas de ayer, después de una jornada en la que el juzgado decimocuarto de distrito de procesos penales del Reclusorio Sur recibió el testimonio de Édgar Bonilla del Ángel, director de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal de la Federación, y de otros cuatro funcionarios federales.

El pasado lunes, un tribunal federal había ordenado cancelar el anterior auto de formal prisión que dictó contra Gordillo el mes pasado por el mismo delito de defraudación fiscal, debido a que los abogados de la maestra demostraron que estaba pendiente el desahogo de diversas pruebas aportadas por la profesora, entre ellas las testimoniales de varios servidores públicos.

En ese contexto, la subprocuradora de la Procuraduría General de la República (PGR) Mariana Benítez Tiburcio sostuvo que la resolución del cuarto tribunal unitario penal que favorecía parcialmente a Gordillo Morales, ‘‘únicamente era para reponer procedimiento’’, mas no para conceder la libertad de la maestra.

La funcionaria realizó estas declaraciones luego de participar en la sexta Reunión nacional de órganos implementadores del nuevo sistema de justicia penal, que se llevó a cabo en el estado de Chihuahua.

Benítez Tiburcio añadió que en el proceso penal que se sigue a la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) lo que no se tomó en cuenta antes de dictarle el auto de formal prisión fueron ‘‘básicamente pruebas periciales contables que ofreció la defensa 13 horas después de que se llevó a cabo la audiencia preparatoria, y la verdad el juez ahí consideró, según su criterio, que tenía muy poco tiempo para dictar el auto de formal prisión. Entonces, no se las recibió’’.

Durante el transcurso de ayer, los abogados de Elba Esther Gordillo, encabezados por el penalista Marco Antonio del Toro, acudieron al juzgado decimocuarto del Reclusorio Sur para interrogar a dos peritos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a dos fiscales de la PGR y a Édgar Bonilla, funcionario de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Los defensores también presentaron una prueba documental elaborada por un despacho contable, mediante la cual Gordillo intentó demostrar que se encuentra al corriente en el pago de sus impuestos.

De su lado, Del Toro sostuvo que la imputación que le hizo la PGR a la maestra, por una presunta defraudación grave de 2 millones 199 mil pesos corresponde a los ingresos reportados por la ex lideresa magisterial durante el año fiscal 2008.

El litigante refirió que la hipótesis de la SHCP carece del debido respeto a los derechos y garantías de defensa de la profesora, ya que la querella presentada por esa dependencia de la PGR se realizó sin que existiera una auditoría fiscal previa en la que se le diera la oportunidad a la imputada de demostrar que se encuentra al corriente en el pago de sus impuestos.

El abogado defensor de Gordillo definirá este miércoles si impugna este nuevo auto de formal prisión mediante una nueva apelación –que por cuestiones procesales recaería en el mismo tribunal federal que hace dos días canceló la formal prisión de la maestra– o si opta por el juicio de amparo.

Quien también se refirió ayer al caso Gordillo fue el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, quien al ser entrevistado en el Senado minimizó la importancia de la sentencia con la cual el cuarto tribunal unitario ordenó el pasado lunes la reposición del procedimiento para el efecto de que se desahogaran las testimoniales pendientes.

El procurador precisó que se trataba de un fallo mediante el cual se ordenaba subsanar deficiencias procesales, pero no tocaba el fondo de la imputación.

Elba Esther Gordillo se encuentra detenida en las instalaciones del penal femenil de Tepepan, en el sur de la ciudad de México, en un área especial para enfermos. Desde febrero pasado fue detenida en el aeropuerto internacional de Toluca, en el estado de México, debido a que tenía en su contra una orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Varios meses después, la PGR volvió a ejercitar acción penal en contra de la maestra, en esta ocasión por presunta defraudación fiscal.

(Con información de Gustavo Castillo)