Moscú, 12 de noviembre.

El comisionado para los Derechos Humanos de Rusia, Vladimir Lukin, solicitó a la Suprema Corte revisar la sentencia de las integrantes del grupo Pussy Riot por considerarla excesiva.

En un comunicado difundido este martes, el ombudsman –titular de una instancia dependiente del Kremlin– afirma: La defensa de Nadezhda Tolokonnikova presentó un recurso de apelación contra la sentencia ante la Suprema Corte, y la oficina de este comisionado apoya esta medida, pues considera excesiva la sentencia para una infracción como la cometida por las muchachas.

Lukin explicó su posición a la prensa: “Es una falta ‘local’, por así decirlo. Cierto que se cometió en una iglesia. Claro que eso (cantar una oración punk contra el presidente Vladimir Putin) no es correcto, pero debió de castigarse con una multa y no con privación de la libertad. Esta es nuestra opinión, siempre lo ha sido y lo sigue siendo”.

Al cumplirse tres semanas sin noticias de Tolokonnikova, el propio Lukin salió al paso de los rumores y anticipó hoy que su traslado tiene como destino la región de Krasnoyarsk, en Siberia, si bien el Sistema Penitenciario Federal (SPF) no hace oficial todavía el nuevo centro de reclusión de la joven.

El SPF me informó que Tolokonnikova se encuentra bien y que se decidió reubicarla en la región de Krasnoyarsk, donde en opinión de las autoridades penitenciarias podrá continuar su resocialización, comentó Lukin.

Tanto su esposo, Piotr Versilov, como sus abogados esperan confirmación oficial de que Tolokonnikova quedará internada en el centro de reclusión IK-50, en el poblado de Nizhny Ingash, a 300 kilómetros de la ciudad de Krasnoyarsk, como se había rumorado, o en alguna otra prisión de la zona.

El pretexto formal para mandarla a 4 mil 400 kilómetros de Moscú es que Tolokonnikova nació en la región de Krasnoyarsk y ahí, en Norilsk, tiene registrada su residencia, requisito que deben cumplir todos los rusos aunque vivan en otra ciudad.

Irina Jrunova, abogada de Tolokonnikova, informó hoy que recibió una carta del comité de instrucción de Mordovia que notifica que se reabrió la investigación relacionada con la denuncia presentada por su cliente contra la administración del IK-14 por amenaza de muerte y condiciones infrahumanas a las reclusas, caso que la instancia distrital cerró por falta de evidencias el 29 de octubre anterior.