Cuernavaca, Mor., 12 de noviembre.

Integrantes de organizaciones civiles expusieron durante un foro que, a un año de gobierno del perredista Graco Ramírez Garrido, ha aumentado la criminalización de la protesta social y la violación de derechos de quienes rechazan la imposicón de grandes proyectos que dañan los ecosistemas y afectan a la población.

En el tribunal Morelos en emergencia: inseguridad, represión e imposición, realizado hoy en esta ciudad, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire destacó que la represión gubernamental se debe a la oposición de las comunidades a la construcción de dos termoeléctricas en Huexca; un gasoducto y un acueducto en la zona oriente del estado, y a la ampliación de la autopista Tepoztlán- La Pera.

Exigieron al gobernador no volver a utilizar a la fuerza pública para imponer megaproyectos, terminar con la política de mentira y difamación contra los movimientos ciudadanos y respetar la libre determinación de los pueblos. También emplazaron a Ramírez Abreu a que resuelva la inseguridad y la violencia que afectan a Morelos.

Lo conminaron a ver realmente por la población, pues lejos de resolver los conflictos sociales y defender a los ciudadanos del crimen organizado, se ha convertido en uno de los principales cómplices y artífices de la violencia en el estado.

Al foro, realizado de las 10 a las 16 horas, acudieron integrantes del Frente en Defensa de Tepoztlán y de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares, entre otras organizaciones de Morelos, Puebla y Tlaxcala.