Aunque recibió un presupuesto de 3 mil 999 millones de pesos para rehabilitar 4 mil planteles de educación básica durante este año –en el contexto del programa Escuela Digna–, a mediados de octubre el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) únicamente había terminado por completo 300 escuelas, señalaron fuentes internas de dicho organismo.

En entrevista con La Jornada, los denunciantes –quienes solicitaron el anonimato– explicaron que dicho programa funciona mediante un esquema de concurrencia con el cual el Inifed pone 40 por ciento del costo inicial de las obras. El 60 por ciento restante es responsabilidad de los institutos locales de educación, quienes reciben del Inifed un peso por cada peso que aporten ellos.

Escuela Digna, abundaron las fuentes consultadas, empezó a aplicarse entre mayo y junio de este año, con la entrega de dinero del Inifed –organismo autónomo de la Secretaría de Educación Pública– a los padres de familia, quienes son los encargados de tratar directamente con las empresas constructoras.

Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de recursos con los que cuenta el programa, a los cuales se sumaron 456 millones más por las inundaciones que causaron en septiembre los meteoros Ingrid y Manuel, al 17 de octubre de 2013 sólo se habían atendido 900 planteles de la meta original de 4 mil, lo que implica un subejercicio de 77.5 por ciento.

Además, de ese total, sólo 300 se han terminado y únicamente tres han recibido ya los pagos completos. Una de esas obras, denunciaron, fue hecha por la empresa Grupo Marli SA de CV, propiedad de Octavio Hernández Contreras, tío del actual director del Inifed, Eduardo Hernández Pardo.

La falta del documento de entrega-recepción de los inmuebles construidos se debe, en la mayoría de los casos, a que los trabajos están muy mal hechos, son de pésima calidad o están inconclusos. Al no estar formalmente en manos de la escuela beneficiada, tampoco puede ejercerse ningún presupuesto de mantenimiento, lo cual acentúa las malas condiciones de las obras.

Además de las anteriores anomalías, se ha detectado que la mayoría de las empresas constructoras tienen su sede en el estado de México y que una gran cantidad de escuelas rebasan el monto máximo asignable de un millón 200 mil pesos sin que exista justificación alguna.

Las irregularidades en el Inifed, consideraron los denunciantes, pueden deberse en primer lugar a la inexperiencia, desconocimiento e incapacidad del nuevo cuerpo directivo.

Como resultado del subejercicio del presupuesto del instituto, dijeron, varios estados –la mayoría gobernados por el PAN– corren el riesgo de que en el próximo año les quiten el modelo de concurrencia para construir infraestructura.

Para que ello no suceda, los responsables de las obras tendrán que buscar cualquier justificación para decir que los recursos ya se ejercieron o van a ser ejercidos. Se dice que con tal de no perder su trabajo, algunos funcionarios estarían dispuestos a firmar contratos ficticios de obras no ejecutadas con empresas que a lo mejor ni existen.

Así, millones de pesos podrían literalmente desaparecer en semanas, sin que haya posibilidad de determinar cuál fue su destino. El riesgo es que suceda un fraude descomunal. Esa es la realidad de las escuelas en México, lamentaron.