Aunque de manera muy parcial, el Instituto Federal Electoral (IFE) ha comenzado a aplicar algunas recomendaciones del estudio de Deloitte Consulting sobre su estructura organizacional. Sin embargo, la instrumentación total depende, en algunos casos, de reformas legales que debería aprobar el Congreso de la Unión, o bien de decisiones administrativas que tendrán que analizar los consejeros en su momento.

El consejero electoral Lorenzo Córdova destacó que los potenciales ahorros en el gasto del organismo que plantea el análisis de la empresa consultora no dependen de la sola voluntad del instituto para avanzar en una modernización administrativa, sino que, en su caso, esto sea discutido en las modificaciones a la legislación electoral, que es donde tienen sustento.

Por ejemplo, se debe revisar la recomendación de fusionar las direcciones ejecutivas de organización electoral y de capacitación y educación cívica, lo que, señala Deloitte, implicaría un importante ahorro.

En tanto, el IFE intensificó los acercamientos tanto con la Cámara de Diputados como con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se le confirme su propuesta presupuestal para 2014. Con las condiciones actuales y sin tener en cuenta modificaciones a sus atribuciones, el organismo solicitó 8 mil 298 millones de pesos como gasto ordinario, y 4 mil 44 millones de pesos como prerrogativas de los partidos políticos.

Al ser entrevistado sobre la instrumentación del estudio de Deloitte, que ordenó el IFE para su modernización administrativa, Córdova destacó que dicha empresa sugiere compactar las dos direcciones mencionadas en una especie de dirección ejecutiva de elecciones. Ciertamente de esa propuesta se desprenden potenciales ahorros, pero alertó sobre la necesidad de revisar puntualmente los alcances de su aplicación.

Es claro que el IFE debe mejorar su eficiencia administrativa y su funcionamiento, con la pretensión de aplicar medidas administrativas en la lógica de mayor economía y pretender que el gasto sea menos oneroso, racionalizando algunas prácticas.

Córdova dijo que entre algunas de las medidas que han comenzado a aplicarse está la relacionada con restructurar tareas de comunicación social que se hallaban dispersas, lo cual era viable instrumentarlas a corto plazo.

Sin embargo, hay otras acciones que implican mayor tiempo y reformas legales, por lo que el propio estudio plantea un horizonte de instrumentación de cambios administrativos hasta 2018.