Las senadoras Adriana Dávila, del PAN, y la perredista Angélica de la Peña, presidentas de las comisiones que dictaminan la reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, rechazaron que la propuesta implique reducir los derechos de las víctimas, y advirtieron que son objeto de una campaña de desprestigio y difamación.

Dávila dijo que es irresponsable ponerle nombre a esa legislación y sugirió que detrás de los ataques para frenar la iniciativa de su autoría, que se analiza en este momento en el Senado, está gente con poder mediático.

No es justo decir que se trata de la Ley Rosy Orozco o de “la Ley Dávila, recalcó la presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas. Durante la inauguración de un foro en la materia, al que asistieron representantes de la embajada de Estados Unidos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de Gobernación, sostuvo que la iniciativa ha sido consultada con expertos y con asociaciones de víctimas, y es falso que se disminuyan garantías a los afectados por ese delito.

Por separado, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, señaló que hay intereses oscuros que intentan frenar esa reforma, la cual incluye cambios significativos para erradicar ese terrible delito, que es la trata de personas.

Expuso que un estudio realizado por especialistas detectó 60 puntos contradictorios e insuficiencias en la actual ley. Por ejemplo, dijo, el artículo 10 de la misma confunde el tráfico de personas con el tráfico de órganos, y el 13 exige como elemento para configurar el delito de explotación sexual que el sujeto se beneficie de ello.

Es decir, el inculpado puede explotar sexualmente a la víctima y no ser sancionado si no se comprueba que obtuvo un beneficio económico. La iniciativa corrige este error, recalcó.

En tanto, Dávila dijo que entre las falsedades que se han difundido está que la iniciativa permite que se haga pública la identidad de las víctimas. No es así; se protege a quienes han sido explotadas; no pueden ser carne de cañón ni exhibidas, pero tampoco pueden ser llevadas a campañas electorales para hablar bien de alguien.