El diseño final de los contratos propuestos por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para permitir la participación de empresas privadas en la industria petrolera está en manos del Congreso, afirmó este miércoles Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La acotación fue hecha por el funcionario el mismo día en que The Wall Street Journal publicó que el gobierno del presidente Peña y dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) están en negociaciones avanzadas para incorporar en la reforma energética la posibilidad de que compañías privadas ‘‘compartan” con Pemex parte de la producción petrolera.

Hasta ahora, el gobierno federal y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que tiene mayoría simple en el Congreso, defienden que la reforma energética sólo busca que las empresas privadas asuman parte del riesgo que ahora corre Pemex en la exploración y explotación del petróleo a cambio de recibir una parte de las ganancias derivadas de la venta del crudo.

Acuerdos ‘‘avanzados’’, publica el rotativo

‘‘La privatización no se va a dar, esa es una mentira’’, aseguró ayer Lozoya, al participar en la sesión plenaria del consejo nacional del Grupo Financiero Banorte Ixe, que reunió a consejeros regionales de la institución.

The Wall Street Journal publicó que ‘‘altos representantes del gobierno y miembros importantes del PAN se encuentran en negociaciones avanzadas para sellar un acuerdo que permitiría al Estado mexicano compartir la producción petrolera, así como conceder contratos de licencia diseñados para acceder a depósitos de gas de esquisto y crudo en aguas profundas, según tres personas que participan en las conversaciones, si bien advirtieron que sigue habiendo obstáculos en el camino’’.

La característica más importante de la propuesta energética del presidente Peña Nieto es que el Estado va a seguir manteniendo la propiedad de las reservas petroleras y de Pemex, dijo Lozoya Austin en un panel que fue moderado por José Córdoba Montoya, quien fue titular de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

El proyecto de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución, presentado al Senado en agosto, ‘‘permite a Pemex compartir el riesgo con compañías privadas, aumentar la producción y evitar intermediarios’’, aseguró Lozoya. La propuesta, abundó, busca que la paraestatal tenga “socios alineados con el riesgo que Pemex está tomando y para compartir el riesgo estamos promoviendo contratos y vamos a ver qué aprueba el Congreso en las próximas semanas’’.

Sin embargo, acotó, cualquier compañía que participe en la industria ‘‘requiere certeza legal y esto es algo que el Congreso debe tomar en cuenta’’.

La nota del Journal mencionó que el plan que negocian el gobierno y el PAN es tener un dictamen sobre la iniciativa de reforma energética para ser votado en el Senado a finales de noviembre. El gobierno, apuntó el rotativo, espera que ambas cámaras lo voten antes de fin de año. Ayer, sin citar la publicación, Lozoya dijo que la reforma energética es una gran oportunidad para el país ‘‘y esperamos que el Congreso nos otorgue este regalo para finales de año’’.

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien también estuvo en el foro organizado por Banorte poco después de que lo hizo el director de Pemex, dijo que de las reformas que ha propuesto el presidente Peña Nieto, la energética es la que tiene la mayor ‘‘capacidad transformadora’’ de la economía mexicana.

‘‘Lo que ha propuesto el Presidente al Senado es que el Estado mantenga la propiedad de los hidrocarburos y el control del sistema eléctrico nacional, pero que se permitan nuevas modalidades de participación, particularmente asignando más riesgo al sector privado a través de contratos’’, expuso Videgaray.

La renta petrolera, las reservas y Pemex como empresa, insistió, seguirán como propiedad de la nación al ciento por ciento, ‘‘pero esto no implica que no podamos tener una visión moderna y práctica de nuestro sector de hidrocarburos que implique nuevas formas de asociación con el sector privado’’, apuntó.

‘‘Una explotación más eficiente por el tipo de yacimiento, particularmente reconociendo que son yacimientos no convencionales donde tenemos el mayor potencial; un nuevo régimen fiscal para Pemex, que implique que el gobierno mexicano trate a la paraestatal como un dueño que busca maximizar el valor de la empresa y de sus activos en el largo plazo y no simplemente como un recaudador que busca maximizar los ingresos fiscales en el próximo trimestre. Necesitamos, y lo digo como funcionario, que la Secretaría de Hacienda intervenga menos en Petróleos Mexicanos’’, declaró Videgaray Caso.

The Wall Street Journal aseguró que la ‘‘nueva propuesta’’ que, según el diario, negocian el gobierno y el PAN, haría posible que Pemex pudiera utilizar contratos diferentes según el caso. Los contratos de ganancias compartidas –que son los que explícitamente propone la reforma conocida públicamente–, en que toda la producción va al Estado, podrían ser útiles para campos petroleros de bajo riesgo.

Mientras, según el Journal, los contratos de producción compartida –que no están planteados en la propuesta que se conoce– permitirían que la producción de crudo se ‘‘reparta entre las empresas y el Estado’’ (y) podrían usarse para los campos de mayor riesgo.

‘‘Los negociadores también están esbozando un tercer tipo de contrato de licencia para los campos en aguas ultraprofundas y gas de esquisto (o shale o pizarra, que se extrae del subsuelo mediante explosiones), en los que la empresa privada controlaría el petróleo tras pagar regalías e impuestos’’.

Tampoco esta tercera posibilidad está planteada en la iniciativa de reforma energética que se conoce.