Desde hace casi dos meses ningún contingente de manifestantes puede pasar al Zócalo, aunque esté programado como punto de llegada.

Tras el desalojo de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la Plaza de la Constitución, el 13 de septiembre pasado, las marchas que pretenden arribar a ese punto son detenidas calles antes.

La orden a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) es acompañar, encapsular y retener a los manifestantes frente al Hemiciclo a Juárez, para impedir que cualquier marcha, pequeña o grande, llegue a la plancha del corazón de la ciudad.

Con base en observaciones directas y entrevistas a policías, los manifestantes son rodeados hasta que un negociador de la Dirección de Concertación Política del Gobierno del Distrito Federal llega para ofrecer alguna reunión o acercamiento con la autoridad correspondiente y desactivar la protesta.

Somos muchos granaderos los que estamos pendientes de cualquier orden cerca de aquí; mandan 100 elementos por más pequeña que sea la marcha y nos quedamos horas, hasta que se logra disgregarla, aseguró un uniformado recargado en su escudo para sostenerse durante las más de tres horas que ha mantenido, junto con sus compañeros, cercado a un grupo de no más de 25 campesinos.

De acuerdo con las órdenes que reciben los uniformados, el propósito es que ningún grupo de manifestantes vuelva a tomar de manera permanente el Zócalo. Al menos, detallan, hay tres manifestaciones a la semana que intentan cruzar el Eje Central y tomar las calles que desembocan en el centro de la ciudad.

Esta semana, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) entregó un informe a las autoridades de la capital sobre la represión perpetrada en marchas, principalmente la del 2 de octubre.

En éste exigen que se realice la despolicialización de las manifestaciones públicas, eliminando el enfoque punitivo y criminalizante de los grupos que se manifiestan para transitar, y, por lo tanto, se les dé un enfoque integral con perspectiva de derechos humanos que privilegie la lógica constitucional de respeto y garantía de los derechos fundamentales, asegurando al máximo su realización y no su restricción.