El juez federal Carlos Martínez Hernández resolvió el pasado viernes que la venta de varias hectáreas en las que fueron construidas unas mil 500 viviendas durante las administraciones de Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto, muchas de ellas de interés social, configuran un fraude y un delito especial de fraccionadores, ya que las casas se edificaron sin contar con los permisos de uso de suelo correspondientes, además de que se vendieron a un sobreprecio de hasta 40 por ciento y, por si fuera poco, las viviendas se entregaron a sus compradores aun y cuando constructoras como Urbi Desarrollos Urbanos, Sadasi, Homex, Geo, Ara, Sare, Promotora Integral de Viviendas, entre otras, no habían concluido la instalación de los servicios de alcantarillado, agua potable y alumbrado público.

La sentencia que concedió el amparo a Leobardo Márquez Balderrama, ex habitante del fraccionamiento Urbi Quinta Montecarlo, ubicado en el municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli –quien a mediados del presente año fue desalojado del inmueble que ocupaba por orden de un juez civil, ante su falta de pago del crédito– refiere que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) cuenta con un plazo de 10 días hábiles (que comenzarán a contar el próximo lunes) para que determine los nombres de los empresarios que fueron responsables de conceder diversos créditos para vivienda, otorgados por diversas sociedades financieras de objeto limitado (Sofoles).

Se trata de conjuntos habitacionales que fueron vendidos a sobreprecios de hasta 40 por ciento de su valor real, ya que, por citar un ejemplo, casas que tenían un costo de 500 mil pesos fueron entregadas a crédito de 20 años por un valor comercial de un millón 600 mil pesos, según consta en constancias del expediente de amparo 255/2013-II.

En su sentencia de amparo, el juez deja la definición de los presuntos responsables a la fiscalía mexiquense: del estudio de los autos se advierte que ha transcurrido un plazo razonable para que el Ministerio Público mexiquense se pronuncie respecto del ejercicio o no ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa TOL/DR/I/490/2010, dice el amparo 255/2013-II

En las constancias del mismo expediente, del que posee copia La Jornada, se desprenden documentales públicas en las que consta que quien autorizó la construcción de los fraccionamientos en terrenos ejidales que carecían de títulos de propiedad para su venta fue Marcela Velazco González, ex secretaria de Desarrollo Urbano durante el sexenio de Peña Nieto.

La ex funcionaria mexiquense contó con el apoyo de los notarios públicos Teresa Peña Gaspar, número 38, y Franklin Liben Kaui, número 68.

La primer notaria protocolizó los contratos de compraventa de varios conjuntos habitacionales que carecían de los correspondientes permisos de uso de suelo para casa habitación, mientras que el segundo, en un tema aún más grave, protocolizó un acuerdo de fusión inexistente para la venta de las parcelas ejidales que fueron adquiridas por varias constructoras hace una década a precios de ganga, y lo hizo con base en documentos públicos apócrifos.

También está implicado en este fraude a miles de familias que adquirieron viviendas en el estado de México el ex alcalde de Tecámac Aarón Urbina Bedolla, actual presidente del Congreso mexiquense, cuya firma avaló el otorgamiento a las constructoras de permisos de uso de suelo, a pesar de que estas empresas no cumplieron con los requisitos que establece la normativa en esa materia.

Asimismo, están inmiscuidos en esta investigación ministerial Francisco Covarrubias Gaytán, quien fue secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda con Arturo Montiel; Fernando Aguilar Filorio, ex director técnico para la autorización de Desarrollos Urbanos de la entidad; Eduardo Germán Sandoval, secretario del ayuntamiento de Tecámac, y Héctor Bautista Mejía, ex director general de Planeación Urbana del estado de México.

En las constancias de autos se menciona también como probables responsables a los directivos de constructoras como Grupo Urbi, que encabezan los hermanos Cuauhtémoc y Nezahualcóyotl Pérez Román, así como Javier Gabito Mohar, ex director general de Sociedad Hipotecaria Federal, y Víctor Manuel Borrás Setién, ex titular del Infonavit; además de Manuel Pérez Cárdenas, ex vocal ejecutivo del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Leobardo Márquez Balderrama está representado por el Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna.