La ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, se ha vuelto desde hace más de 10 años una tierra sin ley. En esa comunidad, no son los grupos del crimen organizado quienes aterrorizan a la población, sino los propios agentes de la policía municipal, quienes se dedican a robar, extorsionar y golpear a la gente a plena luz del día, con uniforme y a bordo de vehículos oficiales.

Así lo denunció Martha Solórzano, directora de la Asociación Esperanza, un colectivo surgido para denunciar los abusos y arbitrariedades de los criminales con placa, como ella los nombra, y quien dice haber sufrido amenazas, descalificaciones y el encarcelamiento de uno de sus hijos como represalia por su activismo.

En San Luis llevamos 20 años con esta violencia, pero de unos 10 años para acá se ha intensificado hasta un punto en que ya es insostenible. Ya no podemos vivir así, pero la gente no dice nada porque no tiene miedo, sino pánico, pavor. Estoy luchando sola contra el mundo, porque los policías cometen sus abusos con ayuda de los ministerios públicos, lamentó Solórzano en entrevista con La Jornada.

Pese a que el gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías, e instituciones de gobierno ya han sido advertidos sobre la violencia que se vive en esta ciudad fronteriza con Estados Unidos, los policías municipales asaltan, extorsionan, agreden e intimidan a cualquier persona, haciendo gala de su uniforme y de sus patrullas, aseguró.

Aunque la activista ya lleva ocho años documentando las arbitrariedades cometidas por los agentes –quienes “ya formaron su propio cártel”, dice–, uno de los casos que se volvieron emblemáticos para ella fue el de la joven Zulma Janet Hernández Hernández, quien el 10 de agosto de 2010 fue detenida por los policías, con el pretexto de que se encontraba en estado de ebriedad, y más tarde golpeada hasta la muerte en las celdas.

“Desde que denuncié ese caso, soltaron una cacería contra mí, porque lo supo hasta el gobernador y por eso se enojaron más conmigo. La policía municipal hace su agosto allá porque hay muy pocos elementos de la estatal o de la federal. Es un pueblo sin ley”, definió Solórzano.

Los abusos de los policías, añadió, son convalidados por magistrados que pasan por alto sus acciones o dictan sentencia en contra de las personas señaladas por los uniformados, entre ellos la jueza Marcia Patricia Majalca Vázquez.

La oportunidad de los agentes para vengarse de sus denuncias, aseveró la mujer, fue la detención arbitraria de su hijo Jorge Luis Zavala Solórzano, quien fue arrestado, torturado y encarcelado por el policía Viviano Olivarría Villalobos el 9 de octubre de 2012, tras un incidente menor ocurrido en la calle tras haber ido a buscar a su ex novia al domicilio de ésta.

Sin escuchar las advertencias de sus conocidos, quienes le decían quédate callada, porque ya perdiste y te van a matar, Martha Solórzano ha arreciado sus denuncias para liberar a su hijo, quien desde hace más de un año se encuentra preso en el Cereso de San Luis Río Colorado, por tentativa de homicidio y privación de libertad.

Sí, tengo miedo de que me pase algo, pero es más mi coraje. Ya no podemos aguantar más esta situación, enfatizó.